La práctica de hacer huelgas desorganizadas en la República Dominicana se ha vuelto costumbre, y la reciente manifestación por parte del sindicato de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es un ejemplo perfecto de las virtudes y los costos de permitirlas

La causa de los profesores es noble: dignificar la profesión con mejores salarios. Es imposible ir en contra de un móvil así. Sin embargo, la forma en que se realizan estas manifestaciones tiene costos evidentes y no evidentes sobre la economía dominicana que no deberían existir si en le país las huelgas fueran verdaderamente pacíficas y ordenadas.

El primer costo, y quizás el más evidente, es la paralización de la institución pública más grande de educación superior. Los estudiantes son las principales víctimas, ya que ven interrumpidas sus clases por una semana o más, lo que podría tener implicaciones de largo plazo en su educación. ¿Cómo pretendemos que existan mejores profesionales en un país en que la principal universidad pública interrumpe clases regularmente para hacer protestas?

El otro costo, que no es tan evidente, es el efecto multiplicador de este desorden sobre la ciudad de Santo Domingo. El entaponamiento y la congestión de las vías públicas tiene un costo a los comercios, empresas y personas que es difícil de cuantificar, pero existe.

El Estado tiene la obligación de ordenar esta situación, no a través de la violencia, pero sí exigiendo el cumplimiento de las leyes y normas. No está permitido obstaculizar la vía pública. No está permitido agredir a vehículos y personas con piedras u otras herramientas. No está permitido, o no debería estarlo, interrumpir el proceso educativo de nadie. Todos los ciudadanos tienen derecho a protesta pacífica en un estado moderno de derecho universal e incluyente, como el que esperamos de nuestra República Dominicana, pero debemos velar porque el costo económico de las huelgas no sobrepase sus posibles beneficios.