El desarrollo de una nación puede ser medido por el avance de su estructura organizativa a nivel político, económico, social, cultural y territorial. Muchos países avanzan más rápido por la dinámica globalizadora que por su propia estructura. En otras palabras, los individuos son movidos por sus propias necesidades conforme se le van presentando mejores oportunidades, las cuales son aprovechadas sin importar si existen las disposiciones adecuadas para el disfrute de las mismas. Esta dinámica muchas veces va más rápido que lo que el Estado puede hacer para modificar su asentamiento jurídico basado en los avances del día a día.

Un ejemplo claro de cómo el entorno social se desarrolla más rápido que sus propias leyes tiene que ver con la Seguridad Vial. Según estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), los países de ingresos medios y bajos se ven más afectados por las deficiencias en seguridad vial, pues el campo vehicular de los mismos se desarrolla a un ritmo más acelerado que el desarrollo de sus instituciones, caso contrario a lo que sucede en los países desarrollados.

República Dominicana no escapa de esta realidad, pues el parque vehicular ha crecido sostenidamente en los últimos años, no sólo con el incremento de la cartera de créditos para préstamos de vehículos nuevos y usados, sino también el incremento del transporte público y motoconchistas, que trasladan el creciente número de personas que se dirigen a sus actividades diarias desde tempranas horas.

Este crecimiento sostenido del campo automotriz se ha visto reflejado en dos puntos importantes: i) el aumento de horas que debemos permanecer en la vía para llegar a nuestros destinos (los famosos tapones), y ii) el incremento de muertes por accidentes viales, mayormente motoristas, con el 67% del total de fallecidos reportados por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) para el 2015.

Recientemente, el Estado dominicano ha ejecutado importantes mejoras al desarrollo vial, impulsando la construcción y reparación de vías, con la incorporación de puentes y elevados de gran envergadura tanto en la ciudad de Santo Domingo como en el interior del país. De igual forma, también ha invertido en medios de transporte, como la incorporación de líneas de metro y nuevas unidades al sistema de transporte público metropolitano.

Adicional a la inversión pública para el desarrollo vial, se debe incorporar los esfuerzos del sector privado en sus alianzas con el gobierno para impulsar dicho desarrollo. Muchas de las alianzas público-privadas han permitido mejorar de manera más efectiva algunas deficiencias que ha venido teniendo el país en temas viales.

Sin embargo, todo desarrollo en pro de la sociedad debe ir acompañado de una estructura organizativa, institucional y jurídica apropiada para que los respectivos avances no queden aislados. En este mes de julio, la Cámara de Diputados introdujo un Proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, con el objeto de mejorar algunas distorsiones que siguen afectando al país en esta materia. En términos generales, dicho proyecto busca mejorar la institucionalidad del sector, unificando diversas instituciones que intervienen en la planificación, organización y regulación del sector transporte.

Resulta evidente que la seguridad vial debe ir acompañada de un sistema de gestión interinstitucional eficiente. El hecho de mejorar la infraestructura vial del país no resuelve el problema de seguridad en el sistema de tráfico y transporte. Una red de instituciones interconectadas debe trabajar en función de establecer las normas y mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos dominicanos. No resulta fácil encontrarse día a día con ciertas fallas que empeoran el traslado vehicular y de peatones. Muchos ejemplos sobre estas fallas resultan claros:

• No hay paradas establecidas para los carros de transporte público, que dejan a sus pasajeros en medio de la nada, frenando descontroladamente sin importar el vehículo que se encuentra detrás, lo cual puede ocasionar accidentes repentinos y tapones innecesarios.


• Las guaguas voladoras manejan descontroladamente, sin respetar los carriles preestablecidos en la vía, interfiriendo el flujo normal por carril, lo que también genera tapones repentinos.


• No existen parqueos suficientes en los establecimientos de la ciudad, provocando el uso de los carriles viales para estacionar, interfiriendo el fluir normal de los vehículos especialmente cuando el sentido de la vía es doble. Esto también ocasiona congestionamiento, pues se dificulta el paso de dos vehículos al mismo tiempo.


• La educación vial también resulta necesaria, y forma parte del desarrollo de cualquier país. No se trata de manejar descontroladamente, se debe respetar las señales de tránsito y las normas del buen conductor.

El Estado debe tomar en cuenta que de aprobar y modificar las normas del sector transporte, no se trata solo de interconectar las instituciones sin que queden claras sus funciones, y más aún la forma de enfrentar y controlar tantas distorsiones. Hacer respetar las normas de tránsito cuando los ciudadanos no están acostumbrados no es tarea fácil. Sin embargo, una buena implementación de sistemas de pago de multas, una red de paradas ubicadas estratégicamente, y el establecimiento de parqueos obligatorios que no interfieran las vías, sería de gran ayuda para mejorar tantos conflictos que atentan contra la seguridad vial del país.

Hay que recordar que los accidentes de tránsito fatales no solo ocurren con los vehículos en movimiento, pues el efecto nerviosismo que genera estar trancado en un tapón, o que alguien está obstaculizando el libre tránsito por tu carril, puede terminar con actitudes violentas, que también forman parte de esos accidentes fatales.

Ordenar, regular, obligar y educar son considerados claves para lograr la seguridad vial que impulsa definitivamente el crecimiento económico y el desarrollo urbano de un país. Un sistema de comunicaciones eficiente y seguro, garantizaría para República Dominicana, el impulso de importantes fuentes de ingresos a través de sectores como el turismo (el traslado de turistas por excelentes carreteras resulta crucial); y el sector comercial, facilitando el transporte de productos desde las diferentes provincias del país.