La disyuntiva entre la priorización de políticas anti pobreza y políticas de crecimiento a largo plazo ha sido la musa inspiradora de importantes debates entre los hacedores de política. En este sentido, resultaría interesante analizar el caso dominicano a la luz de los argumentos de ambas posiciones y ver cuál es la tendencia actual del país.
Aquellos que abogan por las políticas de crecimiento a largo plazo, proponen posponer medidas que busquen erradicar la pobreza en el corto plazo, para concentrar los recursos en la construcción de un sistema que sea capaz de sentar las bases de una sociedad que pueda, por sí misma, elevar sus estándares de vida. Por idóneo que parezca, la ejecución de este plan requiere tiempo valioso. Según esta postura, es la fortaleza institucional la que puede hacer posible este objetivo de erradicación de pobreza.
Si quisiéramos adoptar esta postura en el caso dominicano, una de las primeras preguntas que enfrentaríamos sería ¿cómo obviamos el 60% de dominicanos que, según el mapa de pobreza del 2014, viven en áreas identificadas como prioritarias en términos de carencias básicas? Según datos del Banco Central, el 50% de la población dominicana ocupada percibe menos de RD$10,000 al mes.
Como segunda postura, se plantea la priorización de políticas anti-pobreza. Los que están a favor de esta propuesta sugieren que ante las restricciones presupuestarias de una nación se dé un primer lugar a las necesidades de la población. Un elemento importante a considerar, es el malestar político que se origina en una nación cuando no se atienden las necesidades básicas e inmediatas de los grupos más vulnerables.
Según lo planteado por el psicólogo americano Abraham Maslow ─y de posterior aceptación en el estudio de la psicología─ son las necesidades fisiológicas las que el ser humano busca satisfacer primero. En este sentido, el éxito ─que, por simplificación, digamos puede ser alcanzado a través de la educación y del fortalecimiento de las instituciones─ quedaría en segundo plano para una población que no puede suplir sus necesidades de alimentación y salubridad.
El problema que enfrenta el Estado al garantizar, aunque sea en un nivel mínimo estas carencias a través de sistemas de subsidios, es el riesgo moral asociado a estas transferencias. Es decir, hay que cuidar que las personas que reciben estos subsidios no pierdan el incentivo en alcanzar su superación personal.
Lo que da origen a la disyuntiva entre estos dos planteamientos, al menos en un nivel inicial, es asumir que ambos son mutuamente excluyentes. El óptimo sería implementar políticas que tengan lo mejor de cada mundo: que alivien la pobreza y garanticen crecimiento a largo plazo.
Analizando el caso dominicano se constata que la principal estrategia del gobierno para la reducción de la pobreza, el Programa Progresando con Solidaridad (ProSoli), está diseñado para que los subsidios que recibe la población en pobreza extrema y moderada no penalicen el crecimiento económico a largo plazo.
ProSoli está compuesto por siete programas de transferencias monetarias condicionadas a asistencia escolar y hospitalaria recurrente, entre otros, lo que elimina el riesgo moral de esta clase de subsidios y comprometen al beneficiario a construirse medios de sustento.
Adicionalmente, ProSoli contempla tres programas de transferencia no condicionadas enfocados en necesidades a las que difícilmente pueda exigírseles algo a cambio, como el programa de Protección a la Vejez en Pobreza Extrema (PROVEE).
Mientras un porcentaje tan significativo de los hogares tenga que concentrar todos sus esfuerzos en conseguir el alimento del día, y que fuertes restricciones presupuestarias lo aten, no se puede esperar ningún avance en pilares tan importantes para el crecimiento dominicano, como la educación, a menos que se mantengan estos programas sociales.
Desde esta perspectiva, se han logrado avances significativos en República Dominicana. En el proyecto de presupuesto ya aprobado para 2017, se contempla el plan de reducción de la pobreza y las transferencias condicionadas. De hecho, a partir del próximo año se implementará un nuevo programa al que se destinarán RD$200 millones para combatir la pobreza extrema, adicional a los más de RD$14,000 millones anuales que se han manejado a través de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) en los últimos años. A la luz de lo aquí planteado, podríamos afirmar que República Dominicana construye cada día los cimientos para lograr el ideal de nación que todos queremos.