El tema del empleo informal en República Dominicana adquiere cada vez más relevancia en las discusiones de política. Soluciones que incentiven a los ocupados de esta dinámica laboral a formalizarse deben ser evaluadas, referenciadas en las mejores prácticas internacionales, pero considerando el contexto dominicano. Por los problemas que se derivan de la informalidad para los trabajadores y empleadores, es más que pertinente plantear medidas, que, si bien no serán una receta definitiva, edifiquen el debate y aporten al objetivo de resarcir este fenómeno.
Uno de los retos que enfrenta una empresa al momento de formalizarse, además de los pagos de impuestos y de seguridad social, es el costo de cumplimiento tributario ─definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los costos soportados por los contribuyentes a fin de cumplir con el sistema tributario vigente─. Este concepto admite los costos directos relacionados con la adquisición o contratación de recursos humanos y tecnológicos, y los costos del tiempo requerido para obtener la información y cumplir correctamente con las obligaciones tributarias.
Una investigación publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril 2017, prueba que los costos de cumplimiento suelen ser más altos para las pequeñas y medianas empresas y más bajos para las grandes. Lo anterior se debe a que hay un componente fijo que no responde necesariamente al volumen de producción o de ganancia de la firma en cuestión, haciendo que el costo del proceso de declaración (por ejemplo) sea más elevado para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME).
Partiendo de esta premisa, veamos qué supone para una empresa tradicional en República Dominicana cumplir con todas las obligaciones. Con recurrencia mensual, las empresas deben:
i) Completar un formulario de Declaración Jurada de otras Retenciones y Retribuciones ComplementariasIR-17;
ii) Someter la Declaración jurada de Retenciones de Asalariados IR-3;
iii) Efectuar el pago de Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con sus respectivas declaraciones;
iv) Realizar una Declaración jurada del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) IT-1 en donde deben ser reportadas todas las compras, el ITBIS pagado y las ventas con el ITBIS retenido.
Por último, con periodicidad anual, al cierre del año fiscal, debe hacerse una Declaración jurada anual del Impuesto sobre los Activos IR-2. Otras compañías tienen adicionalmente otros tipos de declaraciones.
Si bien es cierto que muchos de los procedimientos necesarios para cumplir la obligación tributaria de una empresa pueden realizarlos los contadores y el personal administrativo, la recurrencia, y el grado de complejidad de estos supone unas barreras para empresas muy pequeñas; a veces esta organización se ve limitada por la composición propia de las empresas. También, estos contadores y personal administrativo dedicado al cumplimiento tributario y de otra índole son un sobrecosto que las empresas tienen que cubrir.
Podría alegarse que el personal encargado de estas gestiones necesita entrenarse solo una vez, pero la constante introducción de nuevas normas en periodos de tiempos cortos (como está siendo costumbre de la administración), hace que el conocimiento técnico necesario sea desfasado rápidamente, lo que impone un costo de capacitación elevado y a veces insostenible a las MIPYME.
Conscientes de la situación, las autoridades dominicanas en la Estrategia Nacional de Desarrollo prevén simplificar los procedimientos legales y tributarios para la creación y formalización de las MIPYME a nivel del Gobierno Central y gobiernos municipales con miras a elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividades de las MIPYME. A la fecha el avance en esta área ha sido reducido.
Más que el esbozo de un objetivo, es necesaria la implementación de políticas concretas. Es plausible el hecho de que se reconozca la problemática y de que sea considerada por el principal instrumento de planificación del país. El próximo paso podría implicar sistemas de educación tributaria para los contribuyentes y flexibilidad en el esquema para empresas nuevas ─por un periodo de tiempo lo suficientemente corto para que no dé espacio al desperdicio de recursos potenciales, pero que no sean las características de una firma naciente los factores que la lleven a su colapso por cuestiones tributarias─.
Lograr un menor costo de cumplimiento para las MIPYME promovería la competencia en el mercado local. En la medida que este costo disminuya, entonces el incentivo a formalizarse aumenta, asegurando así condiciones dignas de trabajo para los empleados, como seguro de salud, de riesgos laborales y la posibilidad de una pensión. Para los dueños de las empresas, la formalización los protege frente a demandas que atenten contra su patrimonio personal, les brinda mayor acceso al crédito bancario, fomentando el crecimiento de la empresa y en última instancia incidiendo positivamente en el grado de bienestar nacional.
Uno de los retos que enfrenta una empresa al momento de formalizarse, además de los pagos de impuestos y de seguridad social, es el costo de cumplimiento tributario ─definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los costos soportados por los contribuyentes a fin de cumplir con el sistema tributario vigente─. Este concepto admite los costos directos relacionados con la adquisición o contratación de recursos humanos y tecnológicos, y los costos del tiempo requerido para obtener la información y cumplir correctamente con las obligaciones tributarias.
Una investigación publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril 2017, prueba que los costos de cumplimiento suelen ser más altos para las pequeñas y medianas empresas y más bajos para las grandes. Lo anterior se debe a que hay un componente fijo que no responde necesariamente al volumen de producción o de ganancia de la firma en cuestión, haciendo que el costo del proceso de declaración (por ejemplo) sea más elevado para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME).
Partiendo de esta premisa, veamos qué supone para una empresa tradicional en República Dominicana cumplir con todas las obligaciones. Con recurrencia mensual, las empresas deben:
i) Completar un formulario de Declaración Jurada de otras Retenciones y Retribuciones ComplementariasIR-17;
ii) Someter la Declaración jurada de Retenciones de Asalariados IR-3;
iii) Efectuar el pago de Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con sus respectivas declaraciones;
iv) Realizar una Declaración jurada del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) IT-1 en donde deben ser reportadas todas las compras, el ITBIS pagado y las ventas con el ITBIS retenido.
Por último, con periodicidad anual, al cierre del año fiscal, debe hacerse una Declaración jurada anual del Impuesto sobre los Activos IR-2. Otras compañías tienen adicionalmente otros tipos de declaraciones.
Si bien es cierto que muchos de los procedimientos necesarios para cumplir la obligación tributaria de una empresa pueden realizarlos los contadores y el personal administrativo, la recurrencia, y el grado de complejidad de estos supone unas barreras para empresas muy pequeñas; a veces esta organización se ve limitada por la composición propia de las empresas. También, estos contadores y personal administrativo dedicado al cumplimiento tributario y de otra índole son un sobrecosto que las empresas tienen que cubrir.
Podría alegarse que el personal encargado de estas gestiones necesita entrenarse solo una vez, pero la constante introducción de nuevas normas en periodos de tiempos cortos (como está siendo costumbre de la administración), hace que el conocimiento técnico necesario sea desfasado rápidamente, lo que impone un costo de capacitación elevado y a veces insostenible a las MIPYME.
Conscientes de la situación, las autoridades dominicanas en la Estrategia Nacional de Desarrollo prevén simplificar los procedimientos legales y tributarios para la creación y formalización de las MIPYME a nivel del Gobierno Central y gobiernos municipales con miras a elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividades de las MIPYME. A la fecha el avance en esta área ha sido reducido.
Más que el esbozo de un objetivo, es necesaria la implementación de políticas concretas. Es plausible el hecho de que se reconozca la problemática y de que sea considerada por el principal instrumento de planificación del país. El próximo paso podría implicar sistemas de educación tributaria para los contribuyentes y flexibilidad en el esquema para empresas nuevas ─por un periodo de tiempo lo suficientemente corto para que no dé espacio al desperdicio de recursos potenciales, pero que no sean las características de una firma naciente los factores que la lleven a su colapso por cuestiones tributarias─.
Lograr un menor costo de cumplimiento para las MIPYME promovería la competencia en el mercado local. En la medida que este costo disminuya, entonces el incentivo a formalizarse aumenta, asegurando así condiciones dignas de trabajo para los empleados, como seguro de salud, de riesgos laborales y la posibilidad de una pensión. Para los dueños de las empresas, la formalización los protege frente a demandas que atenten contra su patrimonio personal, les brinda mayor acceso al crédito bancario, fomentando el crecimiento de la empresa y en última instancia incidiendo positivamente en el grado de bienestar nacional.