Los derechos de propiedad son uno de los pilares principales de los sistemas económicos del mundo moderno. Su importancia radica en que son clave al discutir temas de equidad, distribución de la riqueza, recursos naturales, entre otros.
De forma general, el derecho de propiedad es la capacidad de individuos, empresas o gobiernos de decidir cómo se usa un recurso. Esto incluye el derecho de percibir los flujos de ingresos que ese recurso devengue, así como la posibilidad de arrendar y/o vender el mismo. Con esta última característica se entra en conflicto en algunos casos, como cuando existen controles de precio; por ejemplo, si cada estación de venta al detalle de combustible en República Dominicana no puede elegir el precio al que vende su producto, su condición de posesión total sobre el mismo es debatible.
Este poder tiene especial relevancia sobre la distribución de la riqueza. De hecho, algunas corrientes de pensamiento expresan cierto rechazo a los derechos de propiedad en la medida que comprometen la capacidad de crecimiento de las personas con pocos recursos. Esta ideología se contrapone contra el teorema de Coase, un economista ganador de Premio Nobel, que establece en su publicación llamada “El Problema del Costo Social”, que, si los costos de transacción son bajos, la asignación inicial de los recursos no impide que la distribución final de los mismos sea equitativa.
El beneficio de este pilar está sujeto a que el Estado, como ente que impone el orden y asegura que se respeten los derechos, sea congruente y justo en su accionar. La corrupción es un gran distorsionador de este orden.
Los derechos de propiedad son también clave al tratar el tema de la contaminación. Si una fábrica contamina todo el aire de Santo Domingo, por ejemplo, está violando de alguna forma nuestro derecho de propiedad sobre el aire dentro de nuestras casas. El Estado debe, entonces, velar porque esto no ocurra. Los derechos de propiedad son importantes por todas las razones descritas anteriormente, y es importante verificar que el Estado se mantenga firme en la defensa de los mismos.
De forma general, el derecho de propiedad es la capacidad de individuos, empresas o gobiernos de decidir cómo se usa un recurso. Esto incluye el derecho de percibir los flujos de ingresos que ese recurso devengue, así como la posibilidad de arrendar y/o vender el mismo. Con esta última característica se entra en conflicto en algunos casos, como cuando existen controles de precio; por ejemplo, si cada estación de venta al detalle de combustible en República Dominicana no puede elegir el precio al que vende su producto, su condición de posesión total sobre el mismo es debatible.
Este poder tiene especial relevancia sobre la distribución de la riqueza. De hecho, algunas corrientes de pensamiento expresan cierto rechazo a los derechos de propiedad en la medida que comprometen la capacidad de crecimiento de las personas con pocos recursos. Esta ideología se contrapone contra el teorema de Coase, un economista ganador de Premio Nobel, que establece en su publicación llamada “El Problema del Costo Social”, que, si los costos de transacción son bajos, la asignación inicial de los recursos no impide que la distribución final de los mismos sea equitativa.
El beneficio de este pilar está sujeto a que el Estado, como ente que impone el orden y asegura que se respeten los derechos, sea congruente y justo en su accionar. La corrupción es un gran distorsionador de este orden.
Los derechos de propiedad son también clave al tratar el tema de la contaminación. Si una fábrica contamina todo el aire de Santo Domingo, por ejemplo, está violando de alguna forma nuestro derecho de propiedad sobre el aire dentro de nuestras casas. El Estado debe, entonces, velar porque esto no ocurra. Los derechos de propiedad son importantes por todas las razones descritas anteriormente, y es importante verificar que el Estado se mantenga firme en la defensa de los mismos.