Una gran parte de las entidades financieras funcionan en torno a un esquema de obtener recursos del público (depósitos) para luego prestarlos (créditos). Dado que existe el riesgo de que los agentes económicos, tales como miembros de los hogares, empresas y otros, dejen de pagar sus préstamos o mejor dicho “caigan en mora”, las instituciones tendrán una parte de su cartera con pagos pendiente, llamada cartera vencida.

La tasa de morosidad es uno de los indicadores que nos permiten evaluar la calidad de la cartera de crédito y con ello el desempeño del sector financiero. Podemos calcularla como la relación entre la cartera vencida y la total.

El estudio de la morosidad es muy importante para las instituciones financieras porque afecta directamente sus utilidades. Esto es así porque la Superintendencia de Bancos (SIB), en su función de organismo regulador, exige en forma de restricciones y normas prudenciales que las entidades cumplan con algunos requerimientos que dependen de los niveles de morosidad de la cartera.

El impacto directo sobre la reducción de las utilidades puede verse a través de un aumento de las provisiones. A medida que una cartera se vuelve más morosa, se deberá incurrir en gastos por provisiones más altos, traduciéndose en un peor perfil de riesgo para los créditos que aumentaron la morosidad. Sin embargo, cuando se acumulan las provisiones y se deteriora la cartera, las instituciones tienen un mayor porcentaje de activos improductivos y con ello niveles de rotación ─medido como ingresos entre activos─ más bajos, impactando negativamente la rentabilidad de la entidad.

A medida que incentivamos una economía con mayor inclusión financiera y que sustente su dinamismo en el crédito, el análisis de la morosidad cobrará aún mayor relevancia.