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Kevin Rosario

Impuestos Progresivos y Regresivos

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La elaboración de un esquema de impuestos y los efectos que puede tener en los distintos niveles económicos de la población, constituye una de las principales dificultades a las que se enfrentan las autoridades a la hora de elaborar el “sistema tributario ideal”. Existe una clasificación específica de impuestos que tienen que ver con el ingreso del contribuyente, y que será definida en este nuevo Macroconcept. Dicha clasificación divide los impuestos en progresivos y regresivos.

Cuando los economistas describen un sistema tributario ideal, se refieren a uno con una recaudación simple, eficiente y progresivo. Es decir, que extraiga de las personas lo justo y al mismo tiempo, recaude de manera simple y eficiente lo necesario para la hacienda pública. El economista Jean Baptiste Colbert, describió que la eficiencia en términos de recaudación: “consiste en desplumar al ganso para obtener la mayor cantidad de plumas con el menor número posible de graznidos”.

Los impuestos progresivos son aquellos que se caracterizan por cobrar más a quien más tiene. Es decir, que mientras mayor es la ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuesto sobre la base. Estos impuestos se destacan por ser equitativos y redistribuir la riqueza.

Los impuestos regresivos se diferencian de los progresivos porque se les cobra más a quien menos tiene en términos relativos. Es decir, mientras mayor es la ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que efectivamente se paga sobre la base imponible. Estos se destacan porque afectan más a las personas de menos ingresos.

En la República Dominicana, se puede destacar como impuesto progresivo el impuesto sobre la renta a personas físicas. Por ejemplo, cuando un asalariado genera ingresos mayores a los RD$416,000 anualmente (RD$32 mil mensual), comienza a pagar una tasa de impuesto, y en la medida en que aumenta ese nivel de ingresos, comienza a aumentar la tasa escalonadamente hasta 25%. Por otro lado, el ITBIS, es de carácter regresivo, porque afecta más a las personas de bajos ingresos. Por ejemplo, una compra de un supermercado en la cual se pagó RD$2,000 de ITBIS, para una persona de ingresos mensuales de RD$15,000, el ITBIS que pagó representa un 13.33% de su ingreso. Mientras que, una persona que genera ingresos mensuales de RD$30,000, ese mismo monto de ITBIS solamente representa un 6.67%.

Evidentemente, el sistema tributario ideal, no es tan sencillo de alcanzar. Sin embargo, lo que siempre deberían tomar en cuenta los gobiernos, es tratar de lograr o acercarse a el punto óptimo de tributación, donde reine el principio de equidad, con la respectiva reducción de ineficiencias y eliminación de las distorsiones que se generen en el proceso.

Resultados de un sistema financiero bien administrado

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El sistema financiero, es uno de los motores del crecimiento económico de un país. Por ello es de suma importancia contar con el respaldo de una entidad encargada de regular, dictar leyes y garantizar el cumplimiento de las mismas para poder sustentar la sostenibilidad, eficiencia y fortaleza de la intermediación financiera. En muchos casos este papel recae sobre instituciones como las superintendencias. Con las debidas normas y regulaciones, es de esperar un funcionamiento óptimo en el sistema financiero.

En la República Dominicana, la institución encargada de regular la intermediación financiera es la Superintendencia de Bancos, en conjunto con el Banco Central y la Junta Monetaria. Entre las leyes vigentes del sistema financiero se pueden destacar:

  • Ley No.183-02, Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002
  • Ley No.92-04 de Riesgo Sistémico, de fecha 27 de enero del 2004

Un vistazo al desempeño del sistema financiero dominicano en el año 2016 nos permite afirmar que el mismo fue admirable. El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, informó que los principales indicadores financieros tuvieron un crecimiento positivo y se mantuvieron en el rango de los cumplimientos regulatorios establecidos, sustentando la estabilidad del sistema para enfrentar vulnerabilidades no previstas.

Al cierre del año 2016, según los datos de la Superintendencia de Bancos, el índice de solvencia del sistema financiero se sostuvo en 16.89%, un nivel mayor al mínimo requerido por la Ley Monetaria y Financiera. En cuanto a la tasa morosidad de la cartera de crédito, la misma cerró en 1.7%, lo que evidencia el bajo porcentaje de los préstamos que han caído en incumplimiento. En adición, los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio y activos promedios se situaron en 18.97% y 2.15%, respectivamente.

En comparación con el año 2015 claramente el comportamiento del sistema financiero ha sido más que positivo, con un crecimiento de un 6.3% en las utilidades netas, un 11.8% en los activos, un 22.73% en las inversiones, un 11.2% en la cartera de crédito, un 10.6% las captaciones y un 11.8% en las disponibilidades. Estos crecimientos muestran la capacidad del sistema de generar ingresos, mantener un mercado competitivo y generar un impacto significativo en el Producto Interno Bruto (PIB).

Ante un 2017 con buenas perspectivas, Asunción, indicó que la Superintendencia de Bancos continuará trabajando activamente en el fortalecimiento de las disposiciones en materia de prevención de lavado de activos, adicionalmente, continuará con el proceso de adecuación a las normas de concentración de riesgos y evaluación de activos. También, ejecutará un plan de supervisión focalizado en las entidades de intermediación financiera de importancia sistémica y en aquellas que pudieran presentar debilidades financieras y no reflejen perspectivas de crecimiento en el mediano plazo.

El sistema financiero dominicano se encuentra en buen camino y con buenas expectativas para el presente año. Sin embargo, con el fortalecimiento de las normas, evaluaciones y supervisiones de la Superintendencia de Bancos, en conjunto con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional, se puede esperar un sistema más eficiente, más confiable, con un crecimiento mayor y una disminución de las actividades ilegales que lo distorsionan.