En el siglo XIX, atendiendo a la necesidad de las personas de edad avanzada de disponer de recursos que les permitan cubrir sus gastos durante las etapas finales de sus vidas, surgen los sistemas de pensiones, como mecanismo de protección social.
Estos pueden ser de varios tipos según su sistema de pago. España y Francia utilizan el sistema de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones existentes en ese momento. En países como Chile y Colombia utilizan el sistema de capitalización individual, donde la pensión a futuro del trabajador depende de los ahorros acumulados durante su vida laboral. También existen sistemas mixtos, compuestos de una pensión pública y complementada por otra de carácter privado, utilizándose en países como Suecia y Alemania.
En República Dominicana opera un sistema de capitalización individual y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) son un eje fundamental del mismo. Las AFPs son instituciones financieras, por lo general de carácter privado, cuyo único objetivo es el de administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales, para otorgar pensiones de jubilación, invalidez y/o sobrevivencia a los cotizantes acorde a los principios de la Ley 87-01 de Seguridad Social.
Los aportes voluntarios y obligatorios de los afiliados son invertidos por las AFPs en diversos instrumentos financieros, incluyendo bonos del Banco Central y títulos valores del Ministerio de Hacienda, así como aquellos ofrecidos por instituciones de intermediación financieras, empresas privadas, fondos de inversión, valores de fideicomiso de oferta pública, organismos multilaterales, entre otros.
La Ley 87-01, en su artículo 56, establece que al trabajador le corresponde hacer un aporte de un 2.88% del salario devengado, mientras que el aporte de su empleador asciende a un 7.12% de dicho. Los cotizantes podrán acceder a los fondos resultantes de dichos aportes a partir de los 60 años.
En nuestro país operan unas siete administradoras de pensiones: Popular, Reservas, Siembra, JMMB, BDI, Scotia Crecer, Romana y Atlántico. En su conjunto, a diciembre de 2020, estas AFPs contaban 4,295,419 afiliados y 1,747,440 cotizantes, gestionando un patrimonio ascendente a RD$816,297 mil millones.
Estar afiliado una AFP les garantiza a los trabajadores una pensión segura al final de la vida laboral, que resulta crucial para aquellos que ya no pueden generar ingresos por vejez o invalidez. Así como incrementar los aportes del empleado y el empleador garantiza mayores recursos disponibles durante el retiro, medido tradicionalmente como la proporción del último salario que percibirá el cotizante (también llamado tasa de reemplazo), retirar recursos antes de la jubilación necesariamente disminuye los fondos disponibles para el pensionado durante la vejez.
Estos pueden ser de varios tipos según su sistema de pago. España y Francia utilizan el sistema de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones existentes en ese momento. En países como Chile y Colombia utilizan el sistema de capitalización individual, donde la pensión a futuro del trabajador depende de los ahorros acumulados durante su vida laboral. También existen sistemas mixtos, compuestos de una pensión pública y complementada por otra de carácter privado, utilizándose en países como Suecia y Alemania.
En República Dominicana opera un sistema de capitalización individual y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) son un eje fundamental del mismo. Las AFPs son instituciones financieras, por lo general de carácter privado, cuyo único objetivo es el de administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales, para otorgar pensiones de jubilación, invalidez y/o sobrevivencia a los cotizantes acorde a los principios de la Ley 87-01 de Seguridad Social.
Los aportes voluntarios y obligatorios de los afiliados son invertidos por las AFPs en diversos instrumentos financieros, incluyendo bonos del Banco Central y títulos valores del Ministerio de Hacienda, así como aquellos ofrecidos por instituciones de intermediación financieras, empresas privadas, fondos de inversión, valores de fideicomiso de oferta pública, organismos multilaterales, entre otros.
La Ley 87-01, en su artículo 56, establece que al trabajador le corresponde hacer un aporte de un 2.88% del salario devengado, mientras que el aporte de su empleador asciende a un 7.12% de dicho. Los cotizantes podrán acceder a los fondos resultantes de dichos aportes a partir de los 60 años.
En nuestro país operan unas siete administradoras de pensiones: Popular, Reservas, Siembra, JMMB, BDI, Scotia Crecer, Romana y Atlántico. En su conjunto, a diciembre de 2020, estas AFPs contaban 4,295,419 afiliados y 1,747,440 cotizantes, gestionando un patrimonio ascendente a RD$816,297 mil millones.
Estar afiliado una AFP les garantiza a los trabajadores una pensión segura al final de la vida laboral, que resulta crucial para aquellos que ya no pueden generar ingresos por vejez o invalidez. Así como incrementar los aportes del empleado y el empleador garantiza mayores recursos disponibles durante el retiro, medido tradicionalmente como la proporción del último salario que percibirá el cotizante (también llamado tasa de reemplazo), retirar recursos antes de la jubilación necesariamente disminuye los fondos disponibles para el pensionado durante la vejez.