La conectividad a internet ha crecido de manera significativa en la República Dominicana en las últimas décadas. Esto además ha sido acompañado de una reducción en los niveles de precio. En el año 2013 por cada 10 líneas celulares había 3.3 suscriptores a internet, mientras que en 2023 esto se ha incrementado a 8.7. Así mismo, la inflación de telecomunicaciones ha sido 0.5% en promedio anual, comparado con 3.9% para la inflación general.
Este aumento ha impactado positivamente diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la educación, el comercio, el acceso a la información y la comunicación. Con la expansión de la infraestructura tecnológica, más personas en todo el país tienen la oportunidad de conectarse a la red global, facilitando así la inclusión digital y mejorando la calidad de vida; todo esto a pesar de que el sector de telecomunicaciones en el país enfrenta una alta carga fiscal.
Además de pagar el ITBIS, el servicio paga un 10% de impuesto selectivo y un 2% adicional para el desarrollo de las telecomunicaciones. En adición, siendo las empresas del sector reguladas y con un alto porcentaje de inversión extranjera, la evasión del impuesto sobre la renta es prácticamente nula. Esto resulta en que la carga tributaria, como porcentaje del PIB del sector, supere el 75%, posiblemente la más alta entre todos los sectores.
Este MacroChart, analiza el acceso y la conectividad a internet dentro de los hogares dominicanos, utilizando datos de la encuesta ENHOGAR 2022. Los resultados muestran que más del 45% de los hogares dominicanos tienen acceso a internet fijo en el hogar. El estrato social medio es el que tiene mayor peso dentro de los hogares con internet, representando un 68.8% del total de hogares con internet, seguido por el estrato social alto con un 17.4% y, por último, el bajo con un 13.9%.
Cuando se observa cómo los consumidores finales obtienen su servicio de internet, se revelan diversas formas de contratación. La mayoría de los hogares (73.3%) tienen internet contratado a través de compañías de telecomunicaciones. Sin embargo, también existen otras modalidades, como contratado a empresas de Telecable (7.7%), la contratación a revendedores de internet (15.7%), pagos a alguien del sector, uso sin pago del servicio y contratación a través de la empresa donde trabajan.
Llama la atención que un porcentaje significativo de usuarios obtienen sus servicios desde un revendedor. Un revendedor de internet es una persona o entidad que compra servicios de internet a un proveedor oficial y los revende a consumidores finales, generalmente a un precio más bajo. Estos proveedores por lo general no tienen un contrato de reventa con la compañía de telecomunicaciones, sino que se realiza de manera informal.
A través de las distintas regiones y clases sociales se puede apreciar una participación destacable de los revendedores de internet dentro de los demás medios de contratación de internet, siendo la clase social baja la que posee el mayor nivel de contratación mediante revendedores de internet, con un 25.4% adquiriendo el servicio de esta forma. A su vez, las regiones del Cibao son las que poseen una mayor concentración en el uso de este medio de contratación de internet, con porcentajes que superan el 30% y en algunos estratos sociales llega cerca del 40%.
Aunque esto parece que podría beneficiar al consumidor por un menor precio, tiene implicaciones negativas. Los revendedores operan en general de manera informal. Venden directamente al consumidor y son difíciles de fiscalizar. Estos revendedores pagan un servicio que multiplican varias veces, con altos márgenes, sin abonar impuestos selectivos, ITBIS ni Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta informalidad crea un entorno donde es difícil para las autoridades regular y asegurar la calidad del servicio. En adición, esta forma degrada la calidad del servicio, y desincentiva la inversión. Su crecimiento puede tener a futuro implicaciones en la inversión y el mantenimiento de bajos nivele de precio. Al incrementar el consumo de datos, esta práctica termina afectando a todos los consumidores. Lograr el mismo objetivo de manera formal sería mucho más eficiente, estableciendo productos y esquemas fiscales más apropiados, que permitan brindar el servicio a un menor costo, con mayor seguridad y ofreciendo seguridad jurídica a los inversionistas del sector.