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Beneficios del cumplimiento del código tributario sobre la economía dominicana

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Los impuestos juegan un papel importante en todos los países, ya que sin estos el Estado no tendría la posibilidad de asumir el pago de los servicios y bienes públicos necesarios. Los países desarrollados tienen un sistema tributario estricto, el cual les permite contar con fondos para desarrollar proyectos que aporten bienestar y crecimiento económico al país. Algunos de los servicios públicos más importantes son la educación y la salud, los cuales impulsan el desarrollo y el crecimiento en la medida que se ofrecen a la población con calidad y de manera oportuna.

En República Dominicana se busca ampliar y fortalecer la base tributaria, punto reforzado con la entrada del nuevo director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz. La evasión fiscal causa una desviación de recursos públicos que podrían ser usados por el Estado para ser invertidos en mejorar las condiciones de vida de la población. La DGII tiene, actualmente, los siguientes objetivos: i) el control efectivo de las exenciones en todos los sectores, a través de la fiscalización y gestión de las empresas en regímenes de incentivos, ii) impulsar decididamente la implementación de las soluciones fiscales y posteriormente la factura electrónica; iii) regular la autorización y el uso del Número de Comprobante Fiscal (NCF) con valor fiscal, para que estos solamente puedan sustentar gastos en renta y créditos en ITBIS, atendiendo a la naturaleza del negocio, iv) implementar medidas para mitigar el abuso que están cometiendo algunas empresas con las deducciones de gastos menores para reducir su base imponible.

Para lograr que se cumpla lo establecido en el Código Tributario Dominicano y lograr la ampliación de la base tributaria en República Dominicana, la DGII necesitará mantener el cumplimiento de las leyes sin excepciones, ser estrictos con los incumplimientos y velar por el respeto de la entidad. Para servir este propósito se han realizado varios esfuerzos en estos últimos meses del 2016. Por ejemplo, la DGII logró conseguir un paquete de asistencia técnica internacional para la fortaleza institucional como el Banco Interamericano y Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros. También dispuso el cobro del impuesto sobre la renta a los dividendos o utilidades pagadas por parte de las empresas de zonas francas a sus accionistas a partir del mes de octubre, poniendo en vigencia la Ley 253-12 del 2012, la cual no era observada hasta ese momento. Luego de agotar el debido proceso contemplado en las leyes y en las normas que rigen sus acciones, incluyendo notificaciones formales apelando a la regularización, la DGII clausuró varios negocios por incumplimiento e irregularidades encontradas durante el “viernes negro”.

Al fin y al cabo, lo que se está buscando es una forma eficiente, justa y responsable de recaudar los impuestos. Esto tiene como fin generar fondos con los que el país pueda financiar los proyectos públicos necesarios para mejorar el bienestar y el desarrollo social. Cabe destacar que estos proyectos deben de ser eficientes y de calidad, así como se debe ser riguroso y estricto con la recaudación de impuestos; en la medida que se logre una buena gestión de los servicios públicos, el Estado tiene mayor capacidad de justificar a la población una mayor presión recaudatoria, ya que los ciudadanos perciben el retorno sobre su “inversión”.

Reforma fiscal: ¿una alternativa o una necesidad?

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El tema fiscal, aunque desconocido en ciertos aspectos por un amplio espectro de personas, es de suma importancia para todos por el grado de influencia que ejerce en los aspectos más singulares de la vida. A pesar de que la política fiscal se manifiesta de varias formas, uno de sus fines es, teóricamente, el de suavizar el ciclo económico; en palabras llanas, aliviar la carga de los ciudadanos en tiempos de carencia y ahorrar en abundancia.

El alcance de las políticas fiscales escala desde una ambiciosa medida de expansión del gasto hasta una subida de impuestos, y suele afectar significativamente ─y a veces temporalmente─ la dinámica de consumo de las personas.

La última modificación del Código Tributario de la República Dominicana se hizo en 2012, en el gobierno del actual Presidente de la República, y trajo consigo modificaciones en el sistema de tributación causantes de grandes debates y descontentos en la población. La Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible consideraba una serie de transformaciones al Código Tributario Dominicano dentro de las que destacaban el impuesto anual por circulación a los vehículos de motor de uno por ciento (1%) sobre su valor, el impuesto sobre los hidrocarburos, y el aumento del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), entre otros.

A pesar de que la reforma fiscal de 2012 también contemplaba subsidios, exenciones y sistemas de devolución de impuestos, las interrogantes y la controversia que suscitó esta en la población fue notoria. Esta respuesta es normal y es de esperarse en la medida en la que un gobierno prevea un plan de estrategia nacional como el de República Dominicana, si tomamos en consideración el pasado reciente y la situación actual del fisco.

Desde 2008, el pago de intereses de la deuda crece a un promedio de 18% anual, el déficit primario se mantiene en aproximadamente 3% del PIB, mientras que la deuda del Gobierno Central mantiene un ritmo constante y creciente, con cifras promedio equivalentes al 30% del PIB. Es también en este escenario, en el que juegan un papel relevante ciertos sectores que demandan alzas salariales, un 5% de PIB para la salud y la implementación de medidas como el 4% para la educación.

Sería ideal, bajo el esquema de sociedad concebido en este tipo de sistemas, vivir en un país con igualdad de oportunidades en temas de salud y educación ─entre otros tantos aspectos socioeconómicos que pueden ser garantizados a través del gasto y la inversión gubernamental─, pero debe identificarse la fuente de los fondos que financiarían este gasto. A esto se le añade el rol determinante que tiene la transparencia de la administración de los fondos del Estado para optimizar la búsqueda de esta sociedad ideal. Actualmente, los organismos recaudadores concentran sus esfuerzos en disminuir el déficit fiscal que ha sido tendencia en los últimos años y poder satisfacer otras necesidades de financiamiento que tiene el país ─con medidas como la de erradicar la evasión─.

Actualmente, la presión tributaria promedio del país aproxima el 13% (2007-2015), por debajo del promedio de la región. Con un gasto gubernamental destinado a partidas prácticamente innegociables (como el pago de remuneraciones equivalente a un 30% del gasto en 2015), y en el marco de los requerimientos de una nación en vías de desarrollo, se vislumbran inminentes dos acciones: una eficientización y transparencia del gasto, y un aumento de las recaudaciones provenientes de las fuentes de ingreso. Como muestra de la urgencia de estas acciones, se notan las necesidades de financiamiento contempladas por La Ley General de Presupuesto de 2017, ascendentes a RD$172 mil millones (5% del PIB).

Utilizando la propuesta de Blanchard y Buitre para hacer análisis de sostenibilidad de deuda, con los supuestos económicos hechos por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, se estima que se necesita un ajuste fiscal alrededor de 2% del PIB para lograr una senda de deuda sostenible, es decir, que el servicio de deuda no crezca más que la economía.

Lo aquí propuesto no es trivial. Un alza de impuestos puede causar una ralentización dañina en la economía de hacer los ajustes fiscales en magnitudes incorrectas o en sectores sensibles. Por otro lado, es importante considerar que suplir las exigencias de gastos del país sin hacer las modificaciones de lugar en materia de ingreso, solo es posible manteniendo una dinámica de la deuda insostenible en un escenario de tasas de interés crecientes. La vulnerabilidad de República Dominicana al escenario internacional no es cuestionable, y más si consideramos que la proporción de deuda externa sobre deuda total del Estado dominicano asciende a más del 50%.