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¿Cuál es el rol de las AFPs?

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En el siglo XIX, atendiendo a la necesidad de las personas de edad avanzada de disponer de recursos que les permitan cubrir sus gastos durante las etapas finales de sus vidas, surgen los sistemas de pensiones, como mecanismo de protección social.

Estos pueden ser de varios tipos según su sistema de pago. España y Francia utilizan el sistema de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones existentes en ese momento. En países como Chile y Colombia utilizan el sistema de capitalización individual, donde la pensión a futuro del trabajador depende de los ahorros acumulados durante su vida laboral. También existen sistemas mixtos, compuestos de una pensión pública y complementada por otra de carácter privado, utilizándose en países como Suecia y Alemania.

En República Dominicana opera un sistema de capitalización individual y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) son un eje fundamental del mismo. Las AFPs son instituciones financieras, por lo general de carácter privado, cuyo único objetivo es el de administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales, para otorgar pensiones de jubilación, invalidez y/o sobrevivencia a los cotizantes acorde a los principios de la Ley 87-01 de Seguridad Social.

Los aportes voluntarios y obligatorios de los afiliados son invertidos por las AFPs en diversos instrumentos financieros, incluyendo bonos del Banco Central y títulos valores del Ministerio de Hacienda, así como aquellos ofrecidos por instituciones de intermediación financieras, empresas privadas, fondos de inversión, valores de fideicomiso de oferta pública, organismos multilaterales, entre otros.

La Ley 87-01, en su artículo 56, establece que al trabajador le corresponde hacer un aporte de un 2.88% del salario devengado, mientras que el aporte de su empleador asciende a un 7.12% de dicho. Los cotizantes podrán acceder a los fondos resultantes de dichos aportes a partir de los 60 años.

En nuestro país operan unas siete administradoras de pensiones: Popular, Reservas, Siembra, JMMB, BDI, Scotia Crecer, Romana y Atlántico. En su conjunto, a diciembre de 2020, estas AFPs contaban 4,295,419 afiliados y 1,747,440 cotizantes, gestionando un patrimonio ascendente a RD$816,297 mil millones.

Estar afiliado una AFP les garantiza a los trabajadores una pensión segura al final de la vida laboral, que resulta crucial para aquellos que ya no pueden generar ingresos por vejez o invalidez. Así como incrementar los aportes del empleado y el empleador garantiza mayores recursos disponibles durante el retiro, medido tradicionalmente como la proporción del último salario que percibirá el cotizante (también llamado tasa de reemplazo), retirar recursos antes de la jubilación necesariamente disminuye los fondos disponibles para el pensionado durante la vejez.

 

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Adiós 2020*, bienvenido 2021: Perspectivas y Riesgos

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Nadie lo vio venir, y cuando llegó, fue implacable. El año 2020 probablemente será recordado con un asterisco, dadas las consecuencias humanitarias y socioeconómicas de la pandemia. Y para quienes se dedican al arte y la ciencia de la predicción, “veinte-veinte” también nos alertó sobre los peligros de los pronósticos, convirtiéndose en el imprevisto que nadie pudo anticipar. Antes de comentar sobre el panorama económico y los desafíos que esperamos en 2021, es importante rescatar en qué pie nos dejó parados “2020*”.

El contexto…

En República Dominicana, al cierre de 2020, el Covid-19 habrá cobrado al menos 2,400 vidas y causado alrededor de 170,000 contagios confirmados. La pandemia también contagió el aparato productivo nacional. Estimamos que el crecimiento del PIB real finaliza el año entre -6.5% y -6.75%, deteniendo así una secuencia de dieciséis años ininterrumpidos de expansión económica. Esto significa que el tamaño de nuestra economía, ya sea si se mide en dólares absolutos o en términos per cápita, se habrá revertido al nivel de 2016 y tardaríamos cuatro años, creciendo a nuestra tasa potencial, para retornar a los valores pre-crisis.

En el mercado laboral, durante el segundo trimestre, cerca de tres años de creación de empleo se esfumaron en tres meses, afectando mayormente a jóvenes entre 20 y 29 años. A octubre, de estos empleos perdidos, específicamente los que provienen del sector privado formalizado, 4 de cada 10 aún no se habían recuperado. Todo esto bajo un contexto de cifras de creación de empresas situadas en los niveles de hace nueve años.

El turismo y toda su cadena de valor aún sufre los mayores embates. Tanto las llegadas de turistas, como los ingresos de divisas provenientes del sector, retrocedieron a los niveles de 1999, y la Organización Mundial del Turismo estima pasarán entre 21/2 y 4 años antes de alcanzar números pre-covid. Esta ausencia de divisas contribuyó a que el mercado cambiario experimentara la mayor depreciación y volatilidad desde la crisis bancaria de 2003-2004, incidiendo junto a otros factores en un incremento de la inflación, que por primera vez desde 2013 supera el rango meta del Banco Central.

Las crisis suelen afectar de forma más severa a los más vulnerables y esta no ha sido excepción. Cerca de la mitad de los avances en pobreza de los últimos seis años, medida por la reducción en los índices de pobreza general y extrema, se desvanecieron en los primeros seis meses del año.

A pesar de todo lo anterior, tanto las cifras de contagios y fallecidos por Covid-19 (medidas por millón de habitantes), como la caída del crecimiento económico y el aumento de la pobreza, serán menores en República Dominicana que el promedio latinoamericano. Esto gracias a una respuesta oportuna, coordinada y sin precedentes de las autoridades, que implementaron uno de los mayores estímulos fiscales y monetarios de toda la región. Estas medidas implicaron un sacrificio fiscal considerable, tanto en términos de déficit como de endeudamiento, que deberá ser corregido en los próximos años, iniciando en 2021.

 

Las perspectivas

“Predecir es difícil, especialmente si se trata del futuro”, nos advirtió el inmortal Yogi Berra, y comoquiera, estamos compelidos a hacerlo. A pesar de la incertidumbre que supuso “2020*”, existen algunos elementos del entorno internacional y doméstico que nos permiten organizar algunas narrativas de cara al próximo año.

¿Qué esperamos para 2021?

Lo primero, una reactivación del crecimiento económico, que desde Analytica estimamos se ubicará entre 5.75% y 6.25%, superando tanto el promedio histórico como el de la región. Este pronóstico prevé que la demanda externa se constituirá como la principal fuente de crecimiento de 2021, apoyado en un repunte de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, que crecerá al menos 4%, esto es, más del doble de su potencial. Dicha recuperación se fundamentará en la implementación de un segundo estímulo fiscal que plantea, entre otras medidas, extender y potencialmente aumentar las transferencias sociales a los hogares, augurando así un año de crecimiento de dos dígitos tanto para nuestras exportaciones de bienes, especialmente las de zonas francas, como para las remesas.

El entorno de precios del oro y petróleo, nuestras principales mercancías de exportación e importación, también luce favorable, con un precio de oro por onza troy promediando US$1,900, cercano a máximos históricos, mientras el precio medio del barril de petróleo WTI alcanzaría us$48, inferior al valor pre-pandemia. La evolución esperada del precio de estas mercancías sugiere que contribuirán a atenuar, en lugar de amplificar, presiones sobre el tipo de cambio provenientes de otros sectores.

En cuanto al componente doméstico de la demanda agregada, se prevé que las actividades vinculadas al sector servicios se recuperen a un ritmo más lento, especialmente las relacionadas al gasto en restaurantes, bares, hoteles y entretenimiento, al igual que las que dependen del ingreso disponible de los hogares, particularmente en los segmentos de menores ingresos. Estas actividades verían un repunte a partir del segundo semestre, en función de la efectividad del plan de vacunación de las autoridades.

Por supuesto, algunos sectores mantendrán el impulso que alcanzaron en 2020, tales como salud, comunicaciones y aquellos vinculados a la cadena de valor del comercio de alimentos. De estos, las grandes superficies (supermercados, hiper mercados y tiendas al por mayor) continuarán capturando oportunidades en el segmento de ingresos altos y medios, dada la aceleración de la digitalización, al mismo tiempo que suplirán las necesidades alimentarias de familias vulnerables, gracias a su incorporación en la cadena de suministro de los programas de subsidios gubernamentales.

El sector construcción, aliado natural de las autoridades en el plan de reactivación económica, promete ser uno de los mayores ganadores de 2021. Su impulso dependerá de la capacidad de gestión del gobierno a la hora de implementar los programas de alianzas público-privadas (APPs) que viabilicen las obras de infraestructura necesarias para soportar la próxima ola de crecimiento a corto y mediano plazo. En adición, entendemos que la demanda por proyectos habitacionales de bajo costo crecerá a un ritmo más lento que en años anteriores, debido a una recuperación más lenta del empleo en los segmentos de ingreso relevantes para tales viviendas. Sin embargo, dicha dinámica podría ser compensada por un aumento de la demanda de propiedades en los segmentos de alto ingreso, como segundas viviendas, tanto en destinos desarrollados como emergentes.

El sector financiero, principal puente entre los sectores productivos y los estímulos monetarios implementados en 2020, así como uno de los mayores ganadores de este año, también saldrá fortalecido en 2021. Aquellas entidades que durante 2020 lograron fortalecer su base de capital, provisionar de forma oportuna y suficiente, y fortalecer sus sistemas de administración de riesgos, estarán mejor posicionadas para capturar las oportunidades de negocios del entorno, dirigiendo el crédito hacia los sectores ganadores, mientras reducen sus posiciones en aquellos que requerirán más tiempo para recuperarse, como las tarjetas de crédito o los vehículos usados, particularmente en los segmentos de menor ingreso.

En cuanto al mercado cambiario, anticipamos que la depreciación promedio del tipo de cambio rondará en el rango de 8.5% – 9.5%, superior el promedio de 3.6% registrado en la década pre-covid. ¿Qué explicará este comportamiento? A pesar de la recuperación esperada en los flujos de divisas provenientes de la inversión extranjera directa, las remesas y exportaciones de bienes, estos no serán suficiente para compensar la caída de los ingresos por turismo, el principal componente de la oferta de divisas.

En adición, si bien las perspectivas de estabilidad en los precios del petróleo y la estratégica operación de manejo de pasivos de las autoridades son factores que suavizan las presiones sobre la moneda, la recuperación de las importaciones, el principal componente de demanda de divisas se traducirá en el valor del peso. Una fuente adicional será la postura expansiva que mantendrán las autoridades monetarias hasta tanto se reactive la economía. La suma de estos factores implicará mayores tasas de depreciación de la moneda, que no deben llamar a preocupación, ya que responden a un ajuste natural de los precios del mercado cambiario ante la coyuntura descrita.

De cara a los precios internos, prevemos que la inflación promedio se ubique por encima del límite superior del rango meta del Banco Central, entre 5.25% y 5.75%, reflejando el traspaso de una mayor depreciación cambiaria al conjunto de bienes transables que conforman el IPC. También incidirán los efectos acumulados de los incrementos en los precios de los alimentos, al igual que las presiones de demanda propias de la recuperación económica.

Ante este panorama, las autoridades monetarias continuarán priorizando la recuperación económica por encima de las presiones coyunturales inflacionarias y de tipo de cambio, a través de una política monetaria expansiva que viabilice la reactivación de la economía que descansará mayormente en los hombros y pies del sector privado. De materializarse dicha recuperación, vemos un retiro de los estímulos y un gradual incremento de tasas a partir del segundo semestre.

En cuanto a las autoridades fiscales, el reto de ajustar el déficit a los niveles pre-pandemia en tan sólo un año, tal como indica el presupuesto aprobado, es bastante ambicioso. El anuncio reciente de la extensión del programa Fase I lo vemos en la dirección correcta, pero en adición a compromisos de incremento de salarios al personal de salud y otros gastos, probablemente requerirán de adendas que hagan que el ajuste sea menos súbito. Esperamos en enero una emisión global entre us$2,400 y us$3,400 millones que contribuirían a mitigar presiones cambiarias de principios de año.

 

Los riesgos…

Naturalmente, el entorno descrito anteriormente está sujeto a riesgos, y sin lugar a duda la gestión de la pandemia continuará siendo el principal desafío por abordar. En la medida que se materialicen rebrotes de contagios previo a la aplicación generalizada de la vacuna y se requieran medidas más restrictivas para mitigar la presión por el sistema hospitalario, la recuperación de la actividad doméstica previamente descrita podría ser más lenta. Igualmente, si el proceso de vacunación generalizada se retrasa la actividad se vería afectada. Lo mismo ocurriría para la demanda por nuestras exportaciones si el control de la pandemia no es exitoso en Estados Unidos.

En cuanto al proceso de vacunación, cabe recordar que las autoridades garantizaron 10 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, recientemente aprobada por los reguladores del Reino Unido, y aspiran obtener 4 millones más, lo que permitiría inocular cerca de dos tercios de la población. Asumiendo que el proceso inicia en marzo, se requeriría vacunar alrededor de 30,000 personas diariamente para concluir en octubre de 2021. Posiblemente veamos una logística similar a las usadas durante las elecciones para garantizar agilidad en el proceso.

Otra fuente de riesgo podría venir de la velocidad de ejecución de las políticas anunciadas por las autoridades. El ajuste fiscal implícito en el presupuesto 2021, equivalente a 6.3% del PIB, sería el mayor en 20 años. Esto significa que el gobierno mantendría una postura fiscal procíclica, esto es, será contractivo en el gasto y restrictivo en las recaudaciones durante el proceso de reactivación de la actividad, dejándola en manos del sector privado. Es en este sentido que la capacidad del gobierno y el privado de coordinarse de forma rápida y efectiva para implementar APPs jugará un rol fundamental a la hora de despertar los “espíritus animales” del empresariado. Adicionalmente, si la recuperación del empleo no ocurre a la par con el resto de la economía, es posible que la extensión de programas como FASE ocurran más allá del primer cuatrimestre, lo que desviaría el déficit de la meta presupuestaria.

Por último, el costo fiscal de la pandemia, medido por el endeudamiento asumido para gestionar la crisis, no constituye un “almuerzo gratis”, sino más bien una cuenta que debemos pagar y la factura llega en forma de una reforma fiscal. Dicha reforma debe generar un nivel de ahorro público suficiente y permanente que garantice que la deuda pública no crezca a un ritmo mayor que el de la actividad económica. Esto sólo se lograría vía aumento de las recaudaciones, reducciones del gasto o una combinación de ambas, pudiendo ser complementado (aunque sólo transitoriamente) por ventas de activos del gobierno, que en su conjunto permitan un ajuste fiscal en 2022 adicional al contemplado en el presupuesto vigente, de 2.5% a 3% del PIB. De no lograrse, arriesgaríamos que tanto inversionistas como calificadoras de riesgo degraden nuestra bien ganada reputación de cumplimiento soberano, una que ha costado 10 años en construir y debemos seguir fortaleciendo.

La senda para recobrar el desempeño económico exhibido antes de la pandemia está llena de retos y desafíos, y desde Analytica estamos confiados que este nuevo año constituirá un paso firme hacia la recuperación anhelada.  Como expresó alguna vez un Nobel de economía: “Una crisis es algo terrible de desperdiciar”. Confío en que la visión y madurez de nuestro sector privado, junto al accionar de nuestras autoridades, evitará que la oportunidad de realizar los ajustes necesarios para recobrar la salud macroeconómica sea desperdiciada.

Escrito por: Raúl Ovalle Marte

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¿Para qué se utilizan las reservas internacionales?

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¿Para qué se utilizan las reservas internacionales?

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Las reservas internacionales han aumentado su protagonismo en los últimos meses gracias a su capacidad de estabilización financiera ante la crisis de COVID-19 en el país. El Banco Central, a través de la inyección de monedas extranjeras en la economía ha buscado controlar la depreciación del tipo de cambio que se ha acelerado significativamente este año. ¿Pero, para qué se utilizan?

Las reservas internacionales son definidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como recursos monetarios externos que se pueden disponer de forma inmediata y que están bajo el control de la autoridad monetaria. El objetivo principal de contar con estas reservas es dar estabilidad al poder adquisitivo de la moneda nacional. Los Bancos Centrales buscan almacenar reservas internacionales equivalentes a 3-4 meses de importación, dotando al país de una mayor capacidad para comprar en los mercados internacionales, sin embargo, no se fija un tope para los niveles de reservas. Estas son un seguro ante desequilibrios macroeconómicos.

En ese sentido, las reservas internacionales se utilizan en los siguientes escenarios:  

  • Para financiar los desequilibrios de la balanza de pagos, compensando la diferencia entre ingresos y salidas de capital al exterior.
  • Regular indirectamente desequilibrios interviniendo en el mercado cambiario, a través de la inyección de moneda extranjera en la economía.
  • Para los pagos de la deuda externa.
  • Para mantener la confianza de que el gobierno tiene recursos para hacer frente a sus obligaciones.

Estos activos internacionales son dólares en su mayoría por ser la moneda más liquida, no obstante, se acumulan otras monedas como el euro e incluso otros activos como el oro.  En general, mantener un buen nivel de reservas es indispensable para controlar los desequilibrios económicos.

 

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¿Qué es el déficit público?

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El conjunto de la administración pública en todo el mundo tiene la obligación de ejecutar en detalle el presupuesto general de ingresos y gastos para un determinado periodo, normalmente anual. Este presupuesto contiene las operaciones financieras, las recaudaciones proyectadas de impuestos y todos los gastos en que incurrirá el Estado.

Partiendo de esta premisa, cuando se registra un desface negativo entre los niveles de ingresos y gastos en el presupuesto para emprender todos los servicios del conjunto de la administración, se crea el déficit público, es decir, que los gastos superan los ingresos.

El déficit público se expresa en términos absolutos – dólares, euros, pesos, etc. – y en términos porcentuales relacionándolo con el Producto Interno Bruto (PIB) brindando una idea de la transcendencia e importancia de este. En el caso particular de la República Dominicana, el déficit presupuestado para el próximo año se prevé alcance el 3%, según los datos del presupuesto general. Otros países como Estados Unidos o El Salvador proyectan un déficit de 8.6% y 8.8% respectivamente para ese mismo periodo.

La administración pública, en búsqueda de reducir el déficit, puede recurrir a un aumento de los ingresos. Es bien sabido que una de las fuentes de financiamiento del Estado proviene de su capacidad recaudadora a través de los impuestos – siendo esta una vía de financiación regular – o accediendo al mercado de deuda pública, mediante la emisión de títulos de deuda que generan gastos financieros externos mediante los intereses.  A partir de esta situación, surge el concepto de déficit primario, que no es más que el déficit que no toma en cuenta los pagos a realizar a los intereses de la deuda.

En definitiva, el déficit debe evitarse, debido a que un déficit público largo y creciente es insostenible en el tiempo.

 

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Resultados de la economía dominicana a septiembre 2020

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En una rueda de prensa conmemorando su 73 aniversario, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) presentó los resultados de la economía a septiembre del 2020.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) exhibió una contracción de 5.6%, cinco veces menor al resultado registrado en abril de 2020 cuando cayó un 29.8%. Este resultado fue sustentado en el incremento de liquidez en el sistema financiero, a través del aumento del crédito a los sectores productivos.

Dicho esto, la tasa de política monetaria se redujo a 3.00% para el mes de octubre. Asimismo, la tasa de interés activa promedio ponderada cerró en 9.95% mientras la pasiva rondó en 3.58% para el mes de septiembre.  La inflación acumulada en el periodo enero-septiembre fue de 3.74% – dentro del rango meta del BCRD – e intermensual finaliza en 0.60%.

Por otro lado, el saldo de cuenta corriente alcanzó los US$-1,014.7 millones en enero-septiembre, un incremento de 16.9% respecto al periodo anterior, cuando culminó en US$-868.2 millones.

Al mes de septiembre, los ingresos de divisas por turismo totalizaron en US$1,992.9, una caída interanual de 65.4%, por concepto de inversión extranjera directa disminuyeron un 12.6% hasta US$2,066.4 millones (permite financiar más de dos veces el déficit de cuenta corriente del periodo). Asimismo, las exportaciones nacionales y de zonas francas disminuyen 10.1% y 8.0% respectivamente. Por el contrario, las remesas familiares incrementaron 10.5% ascendiendo a US$5,846.8 millones.

En un plano más favorables, se observa una recuperación de las importaciones no petroleras al registrar una variación de -7.4% luego de la caída de -21.9 del mes de agosto. De igual forma las importaciones de zonas francas crecieron un 12.0% para septiembre 2020, luego de una caída por cinco meses consecutivos.

Las reservas internacionales ascendieron a US$10,552 millones –superior al 13% del PIB– finalizando el mes de septiembre, gracias a la colocación de unos US$3,800 millones en bonos soberanos en el mercado internacional.

Se anunció la disponibilidad de nuevos recursos por un total de RD$40,000 millones en repos bajo facilidad rápida, con el objetivo de mantener los altos niveles de liquidez e impulsar la demanda interna. El 50% será destinado a nuevos préstamos y el restante al refinanciamiento de empréstitos.

Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se vaticina que el crecimiento el PIB será de -6.0%, el Gobernador aseguró que se espera que sea igual o menor. Si embargo, estaría por encima del crecimiento de América Latina ─ -8.1%─. Para el 2021 el BCRD estima un crecimiento en torno al 6%.

 

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Tasa de Morosidad

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Una gran parte de las entidades financieras funcionan en torno a un esquema de obtener recursos del público (depósitos) para luego prestarlos (créditos). Dado que existe el riesgo de que los agentes económicos, tales como miembros de los hogares, empresas y otros, dejen de pagar sus préstamos o mejor dicho “caigan en mora”, las instituciones tendrán una parte de su cartera con pagos pendiente, llamada cartera vencida.

La tasa de morosidad es uno de los indicadores que nos permiten evaluar la calidad de la cartera de crédito y con ello el desempeño del sector financiero. Podemos calcularla como la relación entre la cartera vencida y la total.

El estudio de la morosidad es muy importante para las instituciones financieras porque afecta directamente sus utilidades. Esto es así porque la Superintendencia de Bancos (SIB), en su función de organismo regulador, exige en forma de restricciones y normas prudenciales que las entidades cumplan con algunos requerimientos que dependen de los niveles de morosidad de la cartera.

El impacto directo sobre la reducción de las utilidades puede verse a través de un aumento de las provisiones. A medida que una cartera se vuelve más morosa, se deberá incurrir en gastos por provisiones más altos, traduciéndose en un peor perfil de riesgo para los créditos que aumentaron la morosidad. Sin embargo, cuando se acumulan las provisiones y se deteriora la cartera, las instituciones tienen un mayor porcentaje de activos improductivos y con ello niveles de rotación ─medido como ingresos entre activos─ más bajos, impactando negativamente la rentabilidad de la entidad.

A medida que incentivamos una economía con mayor inclusión financiera y que sustente su dinamismo en el crédito, el análisis de la morosidad cobrará aún mayor relevancia.

 

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¿Qué son depósitos remunerados?

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En el actual sistema financiero, el Banco Central es la institución lleva a cabo la política monetaria con el fin de mantener la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de la moneda. Además, es el prestamista de última instancia de las sociedades de depósitos y se encarga de administrar las reservas internacionales. Entre sus instrumentos para cumplir con su función están las operaciones que realiza con los bancos comerciales, y una de estas son el uso del mecanismo de ventanilla para depósitos remunerados a corto plazo.

Los depósitos remunerados son una de las operaciones de descuento que realizan los bancos centrales con la banca privada en la cual estos últimos depositan sus excesos de liquidez a cambio de un interés que es determinado por el ente regulador. Son transacciones realizadas al término de la jornada laboral, por eso suelen llamarse overnight. Su rendimiento está determinado por la tasa de política monetaria establecida por el mismo Banco Central. Son instrumentos de corto plazo con duración de hasta 24 horas.

El Banco Central los utiliza como un mecanismo para captar depósitos de muy corto tiempo y a su vez canalizarlos a través de la función de intermediación de liquidez. Además, permite a la entidad cumplir con su función controlar el sistema monetario y financiero del país.

Los rendimientos otorgados a la banca privada por la ejecución de estas operaciones funcionan como tasas de referencia, teniendo un efecto sobre las tasas de interés en el mercado y el coste de las operaciones financieras. El monto representado por los depósitos remunerados es usado como un indicador de liquidez en la economía. Cuando se realizan políticas monetarias expansivas, estos montos suelen aumentar. En el caso inverso, cuando la política es contractiva, suelen reducirse.

Los bancos tienen a su disposición esta herramienta para cuando quieran obtener intereses por sus excedentes y al mismo tiempo cumplir con sus condiciones de liquidez exigidas por ley. A su vez, un Banco Central puede fomentar el aumento de estos depósitos para dinamizar la economía, causando un efecto a la baja en las principales tasas de interés abaratando los préstamos o, si consideran que la actividad económica esta sobrecalentada, pueden influir en la reducción de los montos de estos instrumentos provocando la acción contraria.

 

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Curvas de Aprendizaje

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El término “curvas de aprendizaje” se refiere al comportamiento que tienen individuos y empresas de aprender a medida que se va acumulando la experiencia de trabajo. Desde un punto de vista de las empresas, este fenómeno puede ser explicado por diversos factores:

  1. La velocidad de trabajo de los trabajadores va aumentando a medida que se hacen más expertos en la tarea.
  2. Los directivos aprenden a programar el proceso de producción de una manera más eficiente mientras incrementa la producción acumulada.
  3. Los proveedores de materias primas pueden aprender a elaborar los productos de la empresa de una manera más eficiente y con esto reducir los costos.

En este mismo sentido, en las empresas donde hay curvas de aprendizaje, la cantidad de trabajo por unidad disminuye, asimismo como la cantidad total de trabajo necesario para generar las mismas unidades a medida que aumenta la producción. Esto puede relacionarse con el concepto de economías de escala, en donde los costos medios de largo plazo disminuyen a medida que se incrementa la producción.

Debemos destacar que los niveles de las curvas de aprendizaje estarán determinados por la capacidad y la dedicación del individuo/empresa para ser más eficiente. Incluso, los directivos pueden utilizar este proceso de aprendizaje para ayudar a planificar la producción y predecir los futuros costes. Por ejemplo, una empresa que solo observe las necesidades de mano de obra iniciales puede que genere proyecciones pesimistas si no considera el aumento futuro en la productividad. Tener en cuenta el concepto de curva de aprendizaje puede ser importante para un inversionista que deba investigar si es rentable o no entrar en un sector.

Se nota la importancia del concepto de curvas de aprendizaje, que habla sobre la capacidad de los trabajadores y las empresas de asumir nuevos retos. En la medida que la educación formal y la preparación profesional práctica se enfocan en explotar las potencialidades de los trabajadores y los recursos disponibles, se pueden lograr mayores niveles de desarrollo económico y prosperidad.

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Discriminación de Precios

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La discriminación de precios es una práctica que se origina cuando una empresa cobra distintos precios a diferentes consumidores por el mismo bien o servicio, a pesar de que el costo de proveerlos sea el mismo.

Esta estrategia de venta, desarrollada en el marco de un mercado oligopólico, también se conoce como diferenciación de precios y es comúnmente utilizada por empresas que poseen una mayor participación en un mercado determinado.

El objetivo principal de esta practica es la de reducir el efecto de la disminución de los ingresos derivados de las ventas marginales a costo marginal. En otras palabras, buscan vender unidades adicionales sin reducir el precio de las unidades ya vendidas para así maximizar sus beneficios. En ese orden, se distinguen tres tipos de discriminación de precios;

  • La discriminación de primer grado o discriminación perfecta se produce cuando el vendedor cobra el precio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar por cada unidad, como cuando hay una sola empresa en el mercado y fija los precios a su conveniencia.
  • La de segundo grado o fijación de precios no lineal se da cuando el precio varía según la cantidad comprada por los consumidores, un ejemplo de esto son los descuentos que se aplican cuando aumentan las unidades adquiridas.
  • La discriminación de precios de tercer grado o segmentación de mercado se produce cuando se cobra diferentes precios a diferentes grupos de consumidores, siendo esta uno de los tipos más utilizados en la actualidad. Por ejemplo, los pasajes aéreos y las salas de cines que cobran precios diferentes a adultos y niños.

Para optimizar la discriminación de precios, las empresas deben poder tener control de la reventa entre los consumidores, asimismo, debe poder conocer las disposiciones a pagar, diferenciando a los tipos de consumidores, siendo esta la parte más compleja y costosa de todas.

Desde el punto de vista de los vendedores la discriminación de precios es una practica beneficiosa de igual manera para los consumidores gracias a que aumenta el acceso a ciertos bienes y servicios que sin esta práctica les sería imposible acceder.

 

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El problema del polizón

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El problema del polizón o free rider hace referencia a una teoría económica donde un individuo se beneficia de un bien o servicio, pero evita pagar por él. A partir de situaciones donde una externalidad positiva no es excluible a otros, produciendo beneficios a personas que no están relacionadas con la acción se produce la teoría del polizón.

Este problema económico surge en 1965 a partir de los estudios de Mancur Olson en su obra “La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos”.

Los polizontes también son conocidos como consumidores parásitos, donde los gobiernos, para prevenir el uso excesivo de estos recursos, tratan de frenar estos tipos de consumidores mediante normas fiscales y reglamentos. Los bienes y servicios que están sujetos a los polizontes pueden ser tanto públicos como privados y se caracterizan porque no hay rivalidad de consumo y dificultad de excluir el aprovechamiento de otros individuos.

Los bienes públicos en mayor medida están expuestos a este tipo de consumidores; los parques y la seguridad nacional son servicios que los polizontes se niegan a pagar, pero los consumen dada la imposibilidad de exclusión.

No en todas las sociedades un polizonte es considerado como negativo, ya que es un comportamiento muy común y extendido, dando paso a la disyuntiva sobre si la falta de contribución de un individuo no supondrá una diferencia sustancial para el bien público.  Sin embargo, la mayoría de los gobiernos tratan de minimizar a estos consumidores en la medida de lo posible, debido a que si nadie pagara por esos bienes o servicios entonces no existirían los bienes públicos.

 

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