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Facturando a los estudiantes

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La educación es uno de los derechos humanos fundamentales, siendo capaz de transformar sociedades para bien y apoyar el desarrollo de las naciones; su poder no puede ser subestimado. Por lo anterior, es una pena que algunas iniciativas de los participantes del sector no parezcan estar potenciando el desarrollo académico y personal, sino facturando a los estudiantes.

La matemática básica que se enseña en primaria y secundaria no ha cambiado en el último siglo, igual así para la clase de lengua española, física, química y biología, entre otras materias. Habiendo visto esto, sorprende que sea necesario cambiar la edición de los libros de texto académico cada pocos años, haciendo imposible que se construyan bibliotecas compartidas de libros para que las familias dominicanas, que en su mayoría no tienen ingresos altos, no carguen con este alto costo.

El bienestar que traería una congelación de la edición de los compendios educativos que se obliga a comprar a los padres y madres no sólo tiene beneficios importantes en materia de reducción de costos, sino también reduce el pasivo ambiental del país. La impresión, y posterior desecho, de cientos de miles de libros regularmente es un tema que no puede ser ignorado en una discusión seria sobre la sostenibilidad ambiental del país; el cuidado de nuestro ambiente se siente especialmente relevante cuando acabamos de vivir semanas tensas, esperando el paso de un huracán que ha sido catalogado como uno de los más fuertes jamás registrado.

Proponer la congelación de las ediciones de los libros educativos en el país no es un tema poco controversial. El entramado de relaciones comerciales detrás de este negocio es complejo y arropa sectores con alto poder económico y político. La iniciativa debe venir desde agrupaciones de padres y el mismo sector público. El Ministerio de Educación evaluaría la justicia de las reglas de juego actuales y su pertinencia a la luz del importante impulso que el Gobierno ha dado a la educación.

Más allá de quedarnos con las ediciones actuales de los libros de texto que se exigen a los estudiantes, y evitar los sobre costos de sustituir el inventario completo con alta frecuencia, una propuesta más ambiciosa sería prescindir del todo de la figura del libro de texto. Actualmente un set de libros promedio para un estudiante, que tiene que ser comprado cada año, puede costar cinco mil pesos, o incluso más, mientras que por US$100 (RD$4,723 al tipo de cambio actual) se puede adquirir una tableta que duraría durante todo un bachillerato y tiene el potencial de guardar dentro de sí miles de libros, además de que libera al estudiante de cargar con el peso de una mochila llena.

El tratamiento justo de los estudiantes y el bienestar económico de sus familias, a través de políticas que abaraten el costo de la educación con la congelación de las ediciones actuales de los libros de texto o su sustitución por herramientas tecnológicas más eficientes y menos costosas, es un tema que queda pendiente en República Dominicana si se quiere trabajar seriamente la mejora de nuestro capital humano.

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Educación pública en República Dominicana

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La educación pública es considerada como un bien público, siendo éste un bien que no es rival ni excluyente, es decir, un bien para todos. La República Dominicana, a partir del año 2000 (y más aún posterior al 2012 con la aprobación del 4%) comenzó y continua con proyectos para lograr la educación de toda su población.

La constitución dominicana plantea que a toda la población se le debe garantizar una educación con calidad e igualdad de condiciones a nivel inicial, básico y medio de forma gratuita. Según el Censo del 2010 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) más del 95% de la población con edad de 5-17 años estaba recibiendo educación, mientras que sólo un mínimo de 2% nunca asistió, ya sea por causas externas al gobierno u otras razones no determinadas en la encuesta.

En el período 2000-2012 se lograron estos resultados positivos aún con un presupuesto para educación de apenas 2.37% del Producto Interno Bruto (PIB). Posterior al 2012 se empezó a dedicar el mínimo de 4% establecido en la Ley 66-97. Con este nuevo presupuesto se maximizaría el impacto de la educación pública en el país, apoyando a los hogares de escasos recursos, no sólo con capacitación de sus miembros, sino también con el apoyo que brinda el hecho de que en la tanda extendida los estudiantes reciben desayuno y almuerzo. Este desarrollo requiere un conjunto de recursos, entre los que se encuentran infraestructura, personal capacitado, transporte, alimentación, entre otros. Ya con esta inversión se comenzaron a construir centros de educación, aumento a horarios extendidos, meriendas, entre otros factores positivos para el desarrollo de la educación.

Un país con una población capacitada eleva el nivel cultural, social y económico del mismo. Desde un sentido económico, sienta las bases para que se puedan realizar procesos más productivos e incrementar el capital humano necesario para elevar el ritmo de crecimiento del PIB. Si bien es cierto que República Dominicana está encaminada hacia un mayor nivel de desarrollo de la educación pública, se debe de considerar que esto requiere de tiempo, y que los frutos más importantes de este esfuerzo se harán notar en el largo plazo.