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COVID-19, Colapso u oportunidad: una decisión de todos | Listín Diario

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La economía dominicana, al igual que el resto del mundo, enfrenta desafíos incuantificables.  La incertidumbre y la nueva “economía del cuidado” nos imponen retos difíciles de medir.  Los modelos económicos son sistemas vivos, que con nueva información se vuelven más robustos y se modifican.  Hoy nos encontramos en un nuevo nivel de aprendizaje, y solo nos queda evaluar escenarios posibles de cara al futuro muy cercano.  Inclusive, las informaciones económicas producidas son menos certeras en esta coyuntura, debido a que las fuentes de información están menos disponibles.  Aun así, es posible con los datos existentes tener un panorama de los escenarios y necesidades de la economía en los próximos meses.

En primer lugar, lo más importante: la gente. El empleo será sin duda la variable más afectada en este contexto, y con ello la calidad de vida de los hogares. Es esperable que el desempleo más que se duplique, aumente la pobreza de ingreso, y se requiera un apoyo extraordinario del Estado. En adición, en los últimos 15 años los hogares han venido incrementando su nivel de endeudamiento para adquirir casas, vehículos, vacacionar, adquirir bienes del hogar y financiar la educación de sus hijos, entre otros.  El COVID-19 ha drenado la capacidad de repago de estos préstamos, no solamente afectando la calidad de la cartera de la banca, que es el aparato circulatorio de la economía, sino afectando la historia del pago de muchas personas que, por años, han cuidado su historial crediticio.  Esto va a requerir una adaptación del marco regulatorio y un apoyo adicional de las autoridades, con el fin de no convertir un choque transitorio en uno permanente.

Desde el punto de vista sectorial, el choque ha sido transversal, afectando negativamente a todos los sectores de la economía. Sin embargo, se podrían destacar cuatro, cuyo crecimiento sufrirá posiblemente la reducción más significativa:  Turismo, Transporte de pasajeros, los bares y restaurantes y las PYME’s de servicio.

En el caso del turismo, un motor y ventaja competitiva fundamental de nuestra economía, además de una reducción del flujo de turistas, este sector enfrentará un cambio en el entorno competitivo que provocará reducciones de tarifas que pueden superar el 25%.  Los protocolos de salud posiblemente no permitirán que los turistas salgan de los hoteles, reduciendo así el impacto de estos visitantes. La industria turística es además cliente importante del sector agropecuario, energía, comercio, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, plásticos, entre otros. Sus ramificaciones son muchas. Todo esto sin contar el impacto sobre el flujo de divisas y las presiones sobre el tipo de cambio.

Por otro lado, el sector transporte, tanto de mercancías como de personas ha sufrido mucho por el cierre. El transporte de personas se ha visto más afectado, y de él dependen trabajadores por cuenta propia de ingresos bajos y muy bajos. Si bien algunas de estas familias tienen hoy acceso a los programas de gobierno, el ingreso total del hogar ser verá reducido, en hogares donde el gasto es prácticamente productos básicos.  Otra llamada para un apoyo extendido por parte del Gobierno.

Datos de Estados Unidos sugieren que un 70% de las PYMES de servicio, y los restaurantes no soportan más de cuatro meses de crisis. Su cierre constituye una destrucción de capital, y por ende retrasa el crecimiento económico del país y aumenta los costos de transacción. Ya hemos observado como restaurantes y negocios con larga historia de éxito se han visto en la necesidad de cerrar o re-estructurarse. Sus cargas fijas en nómina, alquiler, anticipos, y pago de deuda, colocan a estas unidades de negocio en una dinámica difícil ante el cierre de la economía. Algunos han podido rediseñarse para mitigar las caídas, para otros esto no ha sido posible. Esta situación saca a relucir también las oportunidades en la legislación laboral y fiscal. Ante limitaciones en la legislación y la realidad de un choque totalmente transversal, se requiere nuevamente un Estado muy activo.

Si bien el sector de comercio de alimentos tuvo un incremento en los primeros meses, esta etapa ya pasó, pero sin duda se verán menos afectados que el resto, por su naturaleza.  Por otro lado, las ventas que el sector hace a los restaurantes y bares, se verán cada vez más reducidas.  Por su parte, el sector construcción ha sido también muy impactado, pero se vislumbra como un aliado natural para la salida de la crisis, aunque sus perspectivas de ventas a futuro seguramente van a disminuir, principalmente en los proyectos de bajo costo, de extenderse la situación. Este sector tiene vinculaciones con la industria de cemento, hierro y acero, plásticos, servicios de transporte y servicios de mano de obra de familias de bajos ingresos.  La inversión pública debe jugar un rol estelar.

Cuando pensamos en el Estado, claramente esta situación nos encontró sin municiones suficientes y con un nivel de endeudamiento elevado.  Para esto, el gobierno ha solicitado la primera reformulación de su presupuesto, que implica la duplicación del déficit y todavía mayores niveles de deuda pública. En un entorno como este, el financiamiento internacional es la vía idónea, ya que apoyaría además la posición de reservas del país.  Luego de años de avances, las agencias internacionales calificadoras de riesgo, cual espada de Damocles, nos han puesto con perspectiva negativa en nuestro rating, para aportar su pizca de sal a este sancocho económico.  Y todo esto, en medio de un año electoral muy intenso.  La pieza legislativa citada anteriormente, requiere más temprano que tarde una aprobación para garantizar que siga fluyendo el oxígeno a la economía y que la recuperación sea menos traumática. Esto permitiría iniciar lo antes posible un plan de infraestructura necesario, sirviendo de empuje en la recuperación. Con la economía en crecimiento, a finales del 2021 se podrá pasar a un proceso de aprobación de una reforma fiscal que logre, entre otras cosas, incrementar el gasto en salud, y continuar un plan agresivo de inversión en infraestructura, como fórmula de acompañamiento a la iniciativa privada.

Quizás la única entidad preparada para esta situación era el Banco Central, el cual cuenta con credibilidad, estabilidad de precios y reservas internacionales que han permitido responder de manera expedita a la situación.  Esta entidad ha puesto a disposición del público más de US$2,500 millones para evitar un desequilibrio inadecuado a corto plazo.  Pero claramente, la habilidad de las autoridades monetarias y fiscales consistirá en mitigar y distribuir las pérdidas de todo esto en las personas y los diferentes sectores, navegando en medio de una mar poco conocido y revuelto.

El proceso de apertura inició, y como en todos los países será intermitente, por ende la recuperación como tal será lenta, pero cada vez mejor. La economía podría decrecer alrededor de 3.5% en 2020, en un escenario base, para observar una buena recuperación bajo ciertas circunstancias. La capacidad del Gobierno de apoyar este proceso será crucial para que el perfil de crecimiento no se deteriore. El turismo en un buen escenario terminará con tasas de ocupación del 30% y una pérdida neta de divisas para el país muy superior a los US$2,500 millones. El tipo de cambio, a diferencia de su depreciación promedio de 4%, se ubicará en dos dígitos, como parte del proceso de redistribución de los costos, pero muy lejos implicar una crisis cambiaria, pues nuestros fundamentos y nuestro sector financiero tienen una salud envidiable. Todos estos resultados dependen de esta “Economía del Cuidado”. La capacidad que tengamos de cuidarnos y minimizar los riesgos hará posible un proceso de apertura menos traumático.

Pero ¿cuáles son las circunstancia o palancas necesarias para reducir el impacto negativo del COVID-19 y lograr un crecimiento positivo que podría llegar a 2 dígitos en 2021? Primero, la capacidad del Estado de endeudarse y apoyar hogares y empresas, e implementar un programa de inversión diversificado.  Aquí debe incluirse una alianza con el sector financiero, mediante garantías que permitan mayor flexibilidad del mismo para ayudar a las empresas a financiar la crisis. Segundo, una estrategia agresiva con el sector turismo, para reafirmar el compromiso que tiene el país con la atracción de inversión en el sector y la construcción de una alianza a largo plazo. Tercero, un enfoque en la atracción de inversión local y extranjera en sectores claves y listos para hacerlo, tanto mediante certidumbre en la parte fiscal, agilidad en los procesos, e implementación de alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura pública. Cuarto, rediseñar constantemente el proceso de reapertura, teniendo al sector construcción de aliado. Quinto, revisitar y rediseñar el trio de reformas que se deben implementar a final del 2021 como pilares del crecimiento de los próximos 10 años:  fiscal, laboral y energía. Todo esto debe darse en un ámbito de estabilidad macroeconómica y política. Es deseable una alianza política que permita garantizar la gobernabilidad de los próximos años.  Una visión compartida que impulse el poder legislativo, la lidere la administración pública, la apoye el sector privado, y garantice un proceso sin demora y exitoso. La señal que esto daría a los mercados internacionales multiplicaría nuestra capacidad de atracción de socios. Desde nuestra perspectiva es recomendable la implementación de alguna variante de un Consejo Fiscal Independiente y con experiencia, que sirva de sello de calidad a la implementación de una estrategia que busque la sostenibilidad fiscal necesaria.  Quizás lo que planteo parece una fábula o un cuento de hadas, pero no lo es.  Ya hemos pasado por procesos donde el bien nacional se prioriza sobre los intereses particulares.

Así como el polvo del Sahara nos visita de manera recurrente, así nuevas epidemias seguirán surgiendo.  Como economía debemos estar listos y preparados para poder “Guardar pan para tiempos de epidemias….”, e ir flexibilizando nuestras economías y nuestras empresas. Esto es una labor de todos.  Los libros de historia tendrán un capitulo especial y amplio para 2020, hagamos que valga la pena. Que ese capítulo se llame: “La Pandemia que revolucionó el Desarrollo Dominicano”, y no “La Pandemia que apagó la luz más brillante de América Latina y el Caribe”. Si esto se logra, aumentará el respeto por la clase política, el orgullo nacional y dará como resultado una transformación dentro del mismo sector privado. Las expectativas ahí descansan.

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Señales de alerta en la deuda de los hogares dominicanos

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La carga financiera de los hogares es una variable que tiene que vigilarse con mucho detenimiento a la hora de formar expectativas sobre el comportamiento de los consumidores. Al caso de República Dominicana, es especialmente importante prestarle atención, ya que es razonable esperar que suba de manera más acelerada en el futuro próximo.

Estimar la carga financiera de los hogares es una tarea que requiere de diferentes insumos. Primero, es necesario calcular la masa salarial total mensual de los hogares dominicanos. A través de las encuestas de trabajo del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) se puede construir una estimación de la masa salarial a partir de las horas trabajadas, el ingreso por hora promedio y la cantidad de ocupados ─que fueron en 2017 igual a 41.1 horas semanales, RD$99.28 por hora en ingresos y 4.35 millones de ocupados respectivamente─, lo que resulta en una masa salarial de RD$76.3 mil millones al mes.

A partir de los datos de la Superintendencia de Bancos (SIB) se puede construir una serie de pagos de intereses mensuales promedio por concepto de préstamos hipotecarios y de consumo, que para el cierre de 2017 ascendía a RD$7.2 mil millones, equivalente al 9.4% de la masa salarial estimada. Medida de esta manera, la carga financiera de los hogares no ha aumentado mucho históricamente. Desde 2006 ─año en que la carga era igual a 7.5%─ apenas ha incrementado menos de 2%.

Para entender la invariabilidad de la carga financiera a la fecha, desde un período en que la deuda de las familias aumentó casi dos veces y media más que la masa salarial, se hace necesario analizar el segundo componente del pago de intereses: la tasa de interés.

Desde 2006 la tasa de interés promedio ponderada de los préstamos de consumo e hipotecarios ha disminuido desde 29% a 20%, una reducción de casi un tercio. La reducción de la tasa de interés promedio responde, principalmente, a un control efectivo y oportuno de la inflación en el país, especialmente después del año 2012, en que el BCRD adoptó un esquema de metas de inflación.

La baja relativamente constante de la tasa de interés promedio de la cartera de préstamos de los hogares, sin embargo, podría ser un fenómeno único en la historia financiera dominicana. La inflación comienza a repuntar y el futuro habla de aumentos graduales de las tasas de política monetaria internacionales, lo que empujaría al alza las tasas de interés en el país.

Es por esto por lo que vigilar el nivel de endeudamiento de los hogares es tan importante, ya que es posible verse rápidamente en una situación de sobreendeudamiento, reflejada a través de un aumento de la morosidad (lo que perjudicaría los estados de resultados de la banca privada de manera marcada). A este análisis habría que agregar el hecho de que las estadísticas de la SIB no muestran el endeudamiento total de los hogares, ya que no contiene información sobre el mercado informal al que acuden con frecuencia los hogares no bancarizados a tasas significativamente más altas que en el mercado formal.

Repensar las políticas de impulso al crédito, que en los últimos años se han enfocado mucho al consumo, es crucial para asegurar la sostenibilidad de la deuda privada en República Dominicana.

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¿Hacia dónde van los préstamos del país?

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Ante las numerosas facilidades crediticias que intentan dinamizar el crecimiento del país, resulta primordial estudiar el comportamiento reciente de los préstamos privados para poder predecir cuál será el comportamiento de la economía y tomar decisiones acertadas en nuestros hogares y empresas. Con esta nueva entrada, visualizaremos la reacción del crédito en esta coyuntura y su penetración a los sectores productivos entre mayo y noviembre del 2017.

Las instituciones que conceden préstamos pueden ser clasificadas en dos tipos: los bancos múltiples y las otras sociedades de depósito, tanto en moneda nacional como extranjera. Podemos notar como, para la fecha de análisis más del 70% de la cartera de los bancos múltiples está denominado en moneda nacional.  No obstante, se observa que el 99% de la cartera de las otras sociedades de depósito está en moneda nacional.

Desde una perspectiva macro sectorial, se puede visualizar que el de mayor participación en la cartera es el sector de Otros con un 45% del total. La misma está compuesta por: otros préstamos de consumo (RD$206,682 millones), adquisición de viviendas (RD$163,305 millones) y tarjetas de crédito (RD$47,815 millones) ─destinos que mantienen una importante participación en la economía dominicana─. Dentro de servicios, se encuentra el comercio, el cual posee en promedio cerca de la mitad del total de préstamos facilitados a este macro sector, con montos promedios de RD$165,897 millones.

El 1ro de agosto se hizo efectivo la reducción de 2.2 puntos porcentuales en el coeficiente del encaje legal, indicando así que se liberaron recursos por un monto de RD$25,536 millones (con desembolsos agropecuarios y recuperaciones de disposiciones anteriores). Mediante la nueva medida de flexibilización monetaria, el Banco Central propicia el aumento del crédito para incentivar el consumo, la inversión y a su vez una mejor producción nacional futura.

En general, la mayor variación de la cartera de agosto a noviembre la experimentó el sector agropecuario, incrementando la media de préstamos mensuales en RD$1,119 millones desde agosto a noviembre para bancos múltiples en monedas nacionales. La cartera promedio de energía y agua a través la banca múltiple en ambas monedas, repuntó a partir de agosto en RD$2,493 millones.

El Banco Central dispuso facilidades al sector manufacturero para desembolsar un total de RD$4,000 millones por concepto de crédito, sin embargo, no se han registrado aumentos significativos reciente en estos préstamos. Las disposiciones crediticias actuales que velan por la estabilidad económica del país sugieren inclusividad en los incentivos que a largo plazo aportarán a la economía del país.

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En lo que el hacha va y viene

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Desde inicios de 2014, la economía dominicana logró mostrar un excelente desempeño económico. Trimestre a trimestre pudimos ver altos niveles de crecimiento atado a bajas tasas de inflación, fluctuaciones cambiarias estables, dinamización de los préstamos, reducciones del desempleo, entre muchas otras cosas. Se reconoce que dicho dinamismo fue el producto de políticas internas conjunto con diversas condiciones en el mercado externo que fueron aprovechadas por la administración. Sin embargo, como se esperaba, el mismo no perduró.

A partir del cierre de 2016 se evidenció una ralentización de la actividad económica que se consolidó en el primer semestre del 2017 (crecimiento de 4.0% en 2017 Vs 7.7%, 7.2% y 7.4% en el período 2014-2016, respectivamente). Desconcertados con lo manifestado por los mercados, el pasado agosto, las autoridades monetarias volvieron a apostar por una dinamización del crédito para reactivar la actividad económica (al igual que en 2013). Para ello se implementaron dos medidas para hacer atractivo un crédito que además de haberse ralentizado, comenzó a tener problemas de morosidad.

Esto último es parcialmente producto de la postura de crédito tomada en 2013, que incrementó los niveles de flexibilidad de crédito (conocido como Z en los modelos crediticios). Como era de esperar, las consecuencias de estas iniciativas no comienzan a asimilarse hasta un plazo aproximado de un año cuando disminuye considerablemente el poder adquisitivo de los individuos y no tienen con qué pagar sus deudas.

La actual inclinación a la canalización de crédito al sector privado debe considerar las deficiencias del sector financiero. A de noviembre el comportamiento de la cartera se ha mantenido prácticamente igual, y como resultado, la banca cuenta con un exceso de liquidez y debe hacer frente a su costo de oportunidad.

El panorama coyuntural sugiere que el gobierno busca un mecanismo para generar crecimiento, aunque esto venga con su costo. En nuestra economía, en lo que el hacha va y viene, el crecimiento de corto plazo se hace más relevante para los tomadores de política en la incesante búsqueda de un ambiente de estabilidad política y económica.

Exceptuando las más recientes reformas educativas, las políticas gubernamentales actuales no están comprometidas a incrementar la productividad, la eficiencia, la calidad del capital humano y muchos otros elementos que permiten explotar el potencial de la economía. Es necesario que comencemos a invertir en otros sectores para expandir las posibilidades de producción.

Ahora que los mecanismos tradicionales comienzan a verse menos efectivos, la evaluación de políticas (y de sus costos de oportunidad) que puedan enfocarse en estos objetivos mencionados anteriormente se hace mucho más relevante. Todo esto con la ayuda de medidas de Monitoreo y Evaluación (M/E) que permitan estudiar de manera robusta la efectividad e impacto real de dichas iniciativas es lo que nos facilitará la visualización de una mejora macroeconómica que provenga desde los hogares.

 

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El efectivo: ¿en el banco o en el bolsillo?

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Las personas usualmente preferimos mantener nuestras posesiones donde las podamos ver y tocar, ya que el sentimiento de seguridad parece mayor. Hoy en día, y envueltos bajo la llamada globalización financiera, la gente mantiene activos de distintas maneras, como son dinero en efectivo, inmuebles, bonos, certificados, entre muchas otras modalidades. No obstante, existen ventajas y desventajas de mantener nuestras posesiones bajo una categoría u otra, lo que afecta de manera directa nuestra libertad financiera.

El dinero en efectivo -activo más líquido-, te permite intercambiar bienes y servicios al instante y de manera sencilla. Al no disponer de una distinción personal por transacción, el efectivo elimina cualquier conexión asociada a tus datos; no obstante, paradójicamente esta ventaja agudiza la pérdida potencial en el caso de robo, dado que es difícil rastrear el flujo de efectivo a través de la economía.

Las entidades financieras, como los bancos comerciales, pueden solucionar algunas de las desventajas principales de tener dinero en efectivo, ofreciendo instrumentos en los cuales puede ser colocado, como cuentas de ahorros, cuentas corrientes, certificados de ahorro, etc., incorporando adicionalmente beneficios por utilizar estas instituciones. Es por esto que las personas eligen colocar su efectivo en un banco, renunciando a mantenerlo en el bolsillo, y recibiendo una tasa de interés por ello. Esto también disminuye la pérdida potencial en caso de robo.

Dentro de las ventajas asociadas a la utilización del banco, podemos identificar la confianza derivada de que el dinero depositado se encuentra seguro, ya que cuenta con el respaldo de la institución financiera. Otras facilidades permitidas por el banco para solventar problemas de liquidez inmediatos son las disponibilidades crediticias, como las tarjetas de crédito, préstamos de consumo, entre otros.

Es importante poder distinguir cuáles de los productos y opciones de manejo de nuestra liquidez se ajustan mejor a nuestras necesidades y preferencias. Un buen balance y manejo de nuestras finanzas nos permitirá discernir la mejor opción para el respaldo de nuestros ingresos y ahorros, garantizando la libertad financiera tan deseada en la actualidad.