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Subsidios durante la pandemia

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La crisis actual ha puesto en una situación frágil a muchas familias dominicanas que han perdido sus empleos y ha agravado considerablemente sus condiciones económicas y calidad de vida. Ante esta situación, el gobierno dominicano, desde inicios de la crisis ha buscado la manera de suavizar el impacto hacia las familias, principalmente, a través del otorgamiento de subsidios destinados a cubrir las necesidades básicas. En este MacroChart analizamos cómo han crecido estos subsidios y en qué programas han sido destinados.

Podemos ver que, desde el mes de marzo, el gobierno ha venido incrementando considerablemente los subsidios enfocados en las necesidades primarias de los hogares, como es “comer es primero”, con aumentos hasta más de 600% de crecimiento interanual (llegando a los RD$ 5,000 millones), permitiendo así asegurar a los más de 800 mil beneficiarios de este programa una alimentación básica. Del mismo modo, hemos visto aumentos menores para partidas como “bonoluz” y “bonogas”, programas que han permitido mantener servicios básicos en los hogares más desprotegidos a causa de la crisis económica.

Por su parte, vemos crecimientos de más de 300% de manera interanual en la totalidad de los programas de subsidios del gobierno en los últimos 3 meses. Partidas como “bonogas chofer”, “incentivo a la educación superior” y los “incentivos a la policía preventiva” han mantenido crecimientos relativamente bajos para destinar estos recursos precisamente a cubrir las necesidades más urgentes y básicas de los individuos.

Además de lo previamente mencionado, es importante mencionar que el gobierno ha aplicado otros planes de ayuda social. Entre estos están, los programas “Fase” y “Pa’ ti”, ambos planes que buscan salvaguardar un ingreso mínimo para los trabajadores más vulnerables ante esta pandemia, gracias a las transferencias a los empleados formales y a los trabajadores independientes. Del mismo modo, el programa “Quédate en casa” fungiendo como alivio económico directamente para las familias más desprotegidas. Estos programas han sido extendidos hasta finales de este año, garantizando la estabilidad y mitigando el impacto de la crisis en los hogares.

Fuente: ADESS / Foto: Acento

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Seguridad Social

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Los programas de seguridad social son seguros, otorgados por el Estado o empresas privadas, contra riesgos sociales y que son financiados principalmente por medio de subsidios y deducciones a los contribuyentes. Estos programas pueden contemplar seguros contra la vejez o discapacidad, contra el desempleo, y/o seguros de salud.

La seguridad social dominicana ofrece tres tipos de seguros que funcionan bajo regímenes contributivos y subsidiados:

  1. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia (pensiones), financiado por medio de aportes del empleador y el empleado (capitalización individual / contributivo); por la solidaridad social (régimen subsidiado para los de menores ingresos); y por medio de contribuciones extras voluntarias;
  2. El seguro familiar de salud, que funciona en un régimen contributivo (con aportes del empleado y el empleador) y subsidiado;
  3. El seguro de riesgos laborales, financiado por el empleador en su totalidad.

El sistema de pensiones pretende asegurar a las personas que, por cuestiones de vejez, fallecimiento, jubilación, o discapacidad, se ven limitadas para seguir trabajando, y por tanto para seguir percibiendo ingresos.

El seguro familiar de salud dominicano bajo el régimen subsidiado fue legalmente ideado para ser compuesto por un plan básico de salud y servicios de estancias infantiles. El régimen contributivo fue concebido para cubrir las prestaciones en especie mencionadas anteriormente, más un subsidio por maternidad y enfermedad.

¿Por qué está el sistema de seguridad social regulado?

La salud y el sistema de pensiones son considerados bienes preferentes, es decir, condiciones necesarias que toda persona debe tener asegurada, pero que no necesariamente son correctamente valoradas. Por otro lado, se pretende eliminar la asimetría de información que a lleva a las aseguradoras a fijar primas muy altas.

Las personas que saben que tienen menor riesgo de enfermarse, en el caso del seguro de salud, estarán menos dispuestas a comprar un seguro; y aquellas que saben que comprar un seguro saldría más barato que autofinanciarse servicios de salud, serán las que opten por obtener el seguro. Por otro lado, las aseguradoras prefieren afiliados con poca propensión a enfermarse. Estas dos premisas nos permiten concluir que las personas que voluntariamente compren un seguro serán, en su mayoría, aquellas que se auto-asignan mayor probabilidad a enfermarse; este razonamiento también lo hacen las aseguradoras y provocaría que la prima del seguro sea excesivamente alta.

En el caso de las pensiones, se sostiene que las personas no dan igual ponderación al consumo futuro comparado con el presente, y que podrían no tener incentivos suficientes para ahorrar pensando en los tiempos en los que no puedan trabajar. Al fin y al cabo, sería responsabilidad del Estado velar por condiciones mínimas de vida para los jubilados o discapacitados. Previendo esto, se impone por medio de la ley un fondo individual para la subsistencia de las personas.

La seguridad social dominicana es sometida constantemente a reformas; recientemente se eliminó el régimen contributivo subsidiado para hacer más eficiente el sistema. Chile, una de las economías modelo de la región, se encuentra inmersa en un proceso de restructuración del sistema de pensiones, que podría sugerir mejoras al caso dominicano.

Se nota la importancia de manejar los conceptos relacionados a la seguridad social, ya que el tema es relevante a todas las personas que velan por asegurar el momento de su vida en que no generen renta activamente, pero es aquel en que probablemente necesiten más dinero para cubrir gastos extraordinarios. Asegurar que todos los ciudadanos mantengan un nivel digno de vida, especialmente al final de su vida, es una tarea imperante e innegociable; lo que sí es negociable es que analicemos, todos juntos, la forma en que esto se financie sin perjudicar el crecimiento saludable de largo plazo de la economía.