El sistema de transporte terrestre dominicano ha sido por muchos años una de las principales fuentes de quejas de los ciudadanos. Luego de que se expresara reiteradamente dicho descontento, y habiéndose manifestado una cantidad excesiva de situaciones adversas, el Estado Dominicano promulgó el 21 de febrero de 2017, la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con la que se crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) como entidad administrativa del sistema terrestre.

Una de las entidades que quedarían bajo el INTRANT en este nuevo marco legal es la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), cuyo propósito es “implementar acciones que propicien la efectiva aplicación de la ley de tránsito, de forma que se reduzca la ocurrencia de muertes y lesionados por accidentes de tránsito”. En términos generales, esto se logrará con la capacitación, regulación y pleno otorgamiento de recursos a los oficiales, junto a la implementación de campañas preventivas y el fortalecimiento de los controles para el levantamiento y documentación de infracciones.

Se estima que el cumplimiento de estas medidas permitiría que para el 2020 se pueda reducir la cantidad de accidentes de tránsito en un 46%, las muertes en un 30% y los lesionados en un 56%. Según el Plan Estratégico 2017-2020 de la AMET. Además, se planea aumentar la aplicación de las normas de tránsito, la motivación del personal, la aplicación de los procesos administrativos y la cobertura territorial a un 100%. En este sentido, dichas medidas buscan fortalecer tanto a las instituciones de tránsito, como a la figura del oficial.

Habiendo dicho esto, debemos de entender que la implementación de estas medidas tiene un costo, el cual debe de estar dentro del presupuesto anual de la institución. En el caso de la AMET, el presupuesto nacional de 2017 es de RD$861.5 millones (0.03% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2016). Las principales cuentas del mismo son especialismos (47.7% del presupuesto), sueldos fijos (11%), gasolina (10.3%) y la regalía pascual (4.6%). Aunque, es posible que la implementación de estas medidas genere una mayor eficiencia a un mediano/largo plazo (lo que se traduciría en una reducción de los costos), en el corto plazo, es propicio evaluar la elevación del presupuesto destinado a instituciones como la AMET. Esta estrategia puede complementarse con el aumento de las recaudaciones proveniente de un alza del costo por multa (como ya estipula la nueva ley) y/o de la cantidad de multas impuestas (asumiendo mayor cumplimiento de las normas y persecución de las infracciones).

Es importante mencionar que el presupuesto anual planeado ha tenido incrementos importantes. Desde 2013, el mismo ha pasado de RD$452 millones a RD$861.45 millones en 2017, lo que representa un aumento de 90.53%. Sin embargo, la AMET ha presentado un déficit presupuestario desde entonces. En este sentido, y luego de haber presentado las metas propuestas para el plan estratégico, los mecanismos de regulación y aplicación de multas serán mucho más estrictos para poder mantener un presupuesto equilibrado.

Un mayor costo de las multas permitirá una mayor recaudación, pero, esto no necesariamente ayudará a reducir los accidentes viales e imprudencias de los conductores. La teoría económica del crimen especifica que los individuos siempre maximizan su utilidad. Por esto, cuando un individuo decide cometer un delito es porque cree que la utilidad de cometer el mal supera el costo (con probabilidad incierta de aplicarse) del delito. La probabilidad de aplicación de este castigo hace que el individuo tienda a delinquir menos, al igual que el aumento en el costo.

Desde un aspecto teórico, si se quiere reducir la delincuencia lo que se debe de hacer es tratar de reducir el beneficio esperado de delinquir; y la forma más efectiva es a través de aumentar la probabilidad de ser condenado. Medidas que pueden generar este tipo de resultados son la mejora de las herramientas disponibles para los oficiales, incremento de la cobertura territorial y del número de oficiales, entre otras.

No obstante, es imprescindible entender que el Estado no puede reducir drásticamente la imprudencia en el parque vehicular. Estos actos, al igual que cualquier otro crimen, son un problema intrínseco de la economía y representan en todo momento un costo. Debido a esto, el Estado debe de buscar medidas que sean viables y al mismo tiempo incrementen el beneficio social y la seguridad ciudadana.

Los planes estratégicos de las instituciones de tránsito necesitan tratar de buscar un punto que cumpla con estas condiciones, ya que actualmente se ha hecho la transición de un esquema permisivo a uno restrictivo en muy poco tiempo. La sostenibilidad y efectividad del sistema dependerá de las medidas implementadas, como aumentar la probabilidad de ser condenado y el costo de la condena. Dentro de las metas del Plan Estratégico de la AMET 2017-2020, se espera que para este último año la aplicación de las normas de tránsito sea efectiva en un 100%, lo que se traduciría en una reducción significativa de las infracciones, y por tanto de los accidentes de tránsito y el daño a la vida socioeconómica del país.