El conjunto de la administración pública en todo el mundo tiene la obligación de ejecutar en detalle el presupuesto general de ingresos y gastos para un determinado periodo, normalmente anual. Este presupuesto contiene las operaciones financieras, las recaudaciones proyectadas de impuestos y todos los gastos en que incurrirá el Estado.

Partiendo de esta premisa, cuando se registra un desface negativo entre los niveles de ingresos y gastos en el presupuesto para emprender todos los servicios del conjunto de la administración, se crea el déficit público, es decir, que los gastos superan los ingresos.

El déficit público se expresa en términos absolutos – dólares, euros, pesos, etc. – y en términos porcentuales relacionándolo con el Producto Interno Bruto (PIB) brindando una idea de la transcendencia e importancia de este. En el caso particular de la República Dominicana, el déficit presupuestado para el próximo año se prevé alcance el 3%, según los datos del presupuesto general. Otros países como Estados Unidos o El Salvador proyectan un déficit de 8.6% y 8.8% respectivamente para ese mismo periodo.

La administración pública, en búsqueda de reducir el déficit, puede recurrir a un aumento de los ingresos. Es bien sabido que una de las fuentes de financiamiento del Estado proviene de su capacidad recaudadora a través de los impuestos – siendo esta una vía de financiación regular – o accediendo al mercado de deuda pública, mediante la emisión de títulos de deuda que generan gastos financieros externos mediante los intereses.  A partir de esta situación, surge el concepto de déficit primario, que no es más que el déficit que no toma en cuenta los pagos a realizar a los intereses de la deuda.

En definitiva, el déficit debe evitarse, debido a que un déficit público largo y creciente es insostenible en el tiempo.