En un mundo tan globalizado como en el que vivimos hoy en día, no es raro encontrar personas que trabajan desde su casa para empresas del otro lado del mundo, con idiomas y estilos completamente diferentes. Este ha sido uno de los avances más importantes de la tecnología respecto al
mercado laboral mundial, la conocida
gig economy o
economía colaborativa.
Tal cual como su nombre lo dice, la economía colaborativa es un nuevo modelo de empleo, donde trabajadores y empresas (o clientes en muchos casos), se contactan y colaboran directamente pactando trabajos específicos por periodos de tiempo determinados.
Todo este movimiento ha impulsado la creación de cientos de nuevas empresas como
Uber,
Airbnb o
Freelancer, enormes empresas que, según
Forbes, solamente en
Estados Unidos emplean 57 millones de personas, las cuales generan aproximadamente US$75 mil por año, y ganan en promedio más que el 70% de los trabajadores tradicionales estadounidenses.
No cabe duda de que este nuevo ¨esquema laboral¨ está acaparando la atención de todos, y no es para menos. Dada la oportunidad que tiene casi cualquier persona para adquirir un empleo, con y sin título universitario, priorizando sus habilidades y experiencias en tareas determinadas. También la libertad en cuanto a horario y la posibilidad de compaginar dos empleos hacen este tipo de empleos mucho más atractivos, a la hora de decidir entre emplearse a tiempo completo o ser ¨freelancer¨.
Pero no todo es color de rosa; la realidad es que las personas que viven de este tipo de empleo no aportan directamente para un fondo de pensiones, no están afiliados a la seguridad social y ciertamente no disfrutan de otros beneficios laborales, claramente un problema que debe ser resuelto modificando las leyes y dando oportunidad para este tipo de empresas y empleados.
¿Y en
República Dominicana?, ¿puede ser este un modelo beneficioso? Si analizamos el mercado laboral dominicano, según datos de la
ENCFT del
Banco Central, dentro de la informalidad total se encuentran 2.5 millones de dominicanos, un 55% de los que se encuentran trabajando y una cantidad potencial de personas aptas para trabajar de 265 mil. Todo esto da oportunidad para el crecimiento de empresas con este modelo de empleo y dando oportunidad a los dominicanos de integrarse a la fuerza laboral formal (si se legisla a favor de esto), disfrutar de los beneficios que trae consigo y el aumento en la tasa de participación laboral dominicana. Esto debe ser ponderado contra los costos de estos esquemas, que actualmente significan que el fisco no percibe los tributos correspondientes en la mayoría de los casos.
Estos
indicadores son claras señales de que una buena estructuración de este tipo de empleo, con empleados amparados por la ley, con sus debidos beneficios, podrían terminar repercutiendo positivamente en el mercado de trabajo dominicano, eliminando uno de sus principales problemas como la informalidad y restándole presión al gobierno.
Las apreciaciones expresadas en este artículo no constituyen bajo ningún concepto recomendaciones que puedan utilizarse como punto de partida sobre decisiones inversión, gestión empresarial, finanzas personales o cualquier otro tipo de decisión. Este artículo es solamente un ejercicio intelectual y de opinión sin ningún fin de asesoría o toma de decisión.